El gobierno de Dina Boluarte retrocedió en su decisión de excluir a más de 50 mil mineros informales del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), anunciando un «subgrupo de revisión», lo que generó críticas por un posible favorecimiento a la ilegalidad en el sector.
Por su parte, el ministro de Energía y Minas, Jorge Luis Montero, enfrenta un escándalo público tras revelarse chats previos a su nombramiento donde se oponía a eliminar el REINFO, contradiciendo su postura oficial actual. Esta situación puso en entredicho al gobierno ya que expresa una de las posibles claves para entender las contradicciones que el Ejecutivo ha mostrado en estos meses en la materia.
En este marco, la Confederación Nacional de Pequeña Minería y Minería Artesanal del Perú (Confemin Perú) condicionó la continuidad del diálogo iniciado esta semana con el Ejecutivo sobre la formalización minera a que se dejen de hacer interdicciones, las intervenciones que hace el Estado para luchar contra la minería ilegal.
