El Congreso de Guatemala bloqueó el primer intento del presidente Bernardo Arévalo por avanzar en la aprobación de la iniciativa 6593, conocida como la Ley Integral contra el Lavado de Dinero u Otros Activos y el Financiamiento del Terrorismo. A pesar de que la propuesta fue presentada como una herramienta crucial para evitar que el país ingrese a listas grises internacionales —lo que afectaría el sistema bancario y la economía nacional—, el Legislativo no aprobó el orden del día en una sesión extraordinaria, impidiendo su discusión.
La iniciativa busca modernizar el marco legal vigente desde hace más de dos décadas y ampliar el listado de personas y entidades obligadas a reportar actividades sospechosas, incluyendo contratistas estatales, operadores virtuales y empresas de loterías. También redefine la supervisión sobre emisores de tarjetas, casas de cambio, cooperativas y corredores de valores. Sin embargo, en una maniobra claramente orientada a demorar la aprobación, varios diputados manifestaron que el proyecto llegó con retraso y consideraron que debe ser analizado con mayor profundidad antes de su aprobación.
Junto a la ley antilavado, se intentó impulsar también la iniciativa 6576, orientada a agilizar la inversión pública. Esta fue severamente criticada por la oposición, que la calificó como un «cheque en blanco» que permitiría contrataciones directas sin licitación, debilitando los controles y abriendo la puerta a posibles actos de corrupción. La polémica en torno a esta propuesta generó desconfianza generalizada y llevó al estancamiento de ambas iniciativas en el Congreso.
El presidente Arévalo ha defendido la ley antilavado como una herramienta esencial para enfrentar al crimen organizado, calificando el lavado de dinero como “el motor” de estas estructuras ilegales. A su vez, advirtió que Guatemala será evaluada en 2027 por el Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (Gafilat), y que no contar con una legislación actualizada podría traer consecuencias graves para la reputación financiera del país. Ahora, el gobierno busca nuevos acercamientos con distintas bancadas para reactivar el debate legislativo.
