El gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva presentó un proyecto para regular las big techs que prevé una escala de sanciones que incluye advertencias, multas y suspensión provisional de plataformas por hasta 60 días, sin necesidad de decisión judicial. La medida, que será enviada al Congreso la próxima semana, busca reforzar la responsabilidad de los proveedores de servicios digitales en la detección y eliminación inmediata de contenidos ilícitos tipificados en el Código Penal, como violencia doméstica, racismo, abuso sexual, inducción al suicidio o automutilación, delitos contra niños y adolescentes, así como crímenes contra el Estado democrático de Derecho, incluyendo golpe de Estado, espionaje o interrupción del proceso electoral. La propuesta sigue el modelo europeo del “deber de precaución” y establece que, tras un proceso administrativo con derecho a defensa, las plataformas podrán ser sancionadas por no cumplir estas obligaciones.

El texto contempla obligaciones adicionales para empresas de gran porte, con más de tres millones de usuarios, como interrumpir contenidos que comprometan la integridad de las elecciones y mantener un domicilio legal o representación en Brasil para atender a autoridades y consumidores. También regula el uso de identidades públicas o marcas gubernamentales sin autorización y exige la creación de un servicio de atención al consumidor. La fiscalización quedaría a cargo de una nueva agencia vinculada al Ministerio de Justicia, que sustituirá y ampliará las funciones de la actual Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), ahora rebautizada como Agencia Nacional de Protección de Datos y Servicios Digitales. El documento incluye un capítulo específico para la protección de niños y adolescentes, condicionado a la aprobación previa de un proyecto legislativo en discusión en la Cámara de Diputados.

El impulso al proyecto ganó fuerza tras la sobretasa impuesta por el presidente estadounidense Donald Trump y la polémica generada por un video del influenciador Felca sobre la adultización de los menores. Durante una reunión en el Palacio del Planalto, Lula resolvió una disputa interna: una facción defendía exigir autorización judicial para suspender redes, mientras otra proponía hacerlo directamente; el presidente optó por la fórmula intermedia de permitir suspensiones por hasta 60 días sin intervención judicial. La iniciativa fue respaldada por el Ministerio de Justicia y la Advocacia-Geral da União, que argumentaron que el STF ya había validado la responsabilidad de las plataformas en casos de daños derivados de contenidos ilícitos. También se propuso incluir en el texto principios como la “integridad de la información”, junto a valores como el respeto al Estado de Derecho, la defensa del consumidor y la preservación de la legalidad en el entorno digital.