El 21 y 22 de agosto Colombia fue sacudida por una ola de atentados violentos en Cali (Valle del Cauca) y Amalfi (Antioquia), que dejaron una estela de muerte, destrucción y conmoción social. En Cali, un camión bomba explotó frente a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, causando seis fallecidos y decenas de heridos y desaparecidos, mientras que un segundo vehículo cargado con cilindros bomba no detonó a tiempo, evitando una tragedia aún mayor. En Amalfi, un ataque a un helicóptero de la Policía en labores de erradicación de cultivos de coca provocó la muerte de entre ocho y trece personas, según distintas fuentes.

Las autoridades detuvieron a un sujeto identificado como alias “Sebastián”, presunto responsable del atentado en Cali. El Ministerio de Defensa atribuyó la autoría del ataque a disidencias de las FARC lideradas por alias Iván Mordisco, a quien relaciona con una reacción desesperada ante la pérdida de control del narcotráfico en la región.

El presidente Gustavo Petro en su llegada a Cali, calificó los atentados como “una masacre” y “un golpe brutal y de terror”, y anunció la preparación de una serie de decretos para contener la violencia, reforzar el control militar en las zonas afectadas, además de atacar la producción y exportación de cocaína. No obstante, descartó declarar conmoción interior, decisión debatida dentro del gobierno y criticada por algunos sectores.

Previo a los hechos, Petro ya había solicitado clasificar como organizaciones terroristas a las disidencias de Iván Mordisco, la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, solicitando incluso el respaldo de la Corte Penal Internacional y señalando que estos grupos operan como “criminales de guerra” con tendencia al terror y la impunidad.

La oposición política, particularmente el Partido Liberal, criticó duramente la estrategia de «paz total» impulsada por el gobierno. Señala que estos hechos evidencian que la violencia sigue escalando, mientras los grupos criminales se sienten fortalecidos y amplían sus métodos, incluido el uso de tecnología para cometer atentados.

Paralelamente, la Defensora del Pueblo, Iris Marín, alertó sobre un escenario de riesgo en evolución: se calculan 18 muertos, 76 heridos (entre ellos menores y adultos mayores) y al menos dos desaparecidos, lo que evidencia un agravamiento de la situación de seguridad.

En este contexto de violencia multiplicada, aparecen llamados desde otros territorios: alcaldes, gobernadores y gremios del Caribe instaron al gobierno a reforzar la seguridad a nivel nacional, sugiriendo que la violencia no se limita al suroccidente sino que resurge con riesgos extendidos.