En los últimos días, el escándalo que rodea a Carlos Ramón González, exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre) y de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), ha dejado ver un complejo entramado diplomático y jurídico que involucra a Colombia y Nicaragua. González, protagonista del caso de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), logró obtener residencia en Nicaragua, lo que desencadenó una serie de investigaciones y reacciones oficiales.
El presidente Gustavo Petro y su gobierno han sostenido que no solicitaron privilegios especiales para González. Según la Cancillería, jamás autorizó gestiones ante Nicaragua para tramitar su residencia permanente. Petro afirmó, además, que se enteró por la prensa del trámite y negó cualquier intervención directa. Estas afirmaciones, pese a su contundencia, contrastan con indicios de participación diplomática previa: documentos periodísticos señalan que en mayo de 2025, bajo la gestión del embajador Óscar Muñoz y con Laura Sarabia como canciller, la embajada de Colombia en Nicaragua habría tramitado la renovación de la residencia de González.
Ante la controversia, la Procuraduría General de la Nación anunció una inspección en la Cancillería para esclarecer si funcionarios habrían facilitado ilícitamente ese proceso. Paralelamente, el exministro de Justicia Wilson Ruiz interpuso una denuncia ante la Corte Suprema de Justicia contra la excanciller Laura Sarabia y el exembajador en Nicaragua, León Fredy Muñoz, por presunta complicidad en la obtención del estatus migratorio. Ambos se deslindaron: Sarabia aseguró que no participó ni conoció el trámite, mientras Muñoz prefirió abstenerse de comentar.
En medio de estas acusaciones contrapuestas, el Ministerio del Interior, a través del ministro Armando Benedetti, calificó como «agresiva» la negativa de Nicaragua a extraditar a González, advirtiendo sobre las posibles consecuencias para las relaciones bilaterales. Desde Managua mantienen su posición, en un contexto regional que forma parte de una reconfiguración del diálogo diplomático entre Colombia y sus vecinos, incluidos Venezuela, Perú, Brasil y Nicaragua, con influencia de actores como Estados Unidos.
Mientras tanto, en el ámbito judicial internacional, la Fiscalía solicitó a Interpol emitir una circular roja para ubicar y capturar a González, pero esta aún no ha sido expedida. Según fuentes oficiales, la oficina colombiana de Interpol aún no se ha pronunciado, y la respuesta de Nicaragua, quien podría considerarlo perseguidor político, complicaría el proceso.
Este episodio, además, responde a la trama más amplia del escándalo de la UNGRD, donde González fue imputado junto a otros exfuncionarios en el saqueo de recursos públicos. La Fiscalía lo acusa de manipular contratos para beneficiar a congresistas, y hoy se encuentra como prófugo de la justicia. Simultáneamente, el exdirector de Función Pública, César Manrique, también implicado, recibió una medida de aseguramiento, y la Fiscalía solicitó a Interpol emitir una circular roja para su localización.
