La primera ronda de negociaciones entre el gobierno de Gustavo Petro y el Clan del Golfo, mediada en Doha, Catar, entre el 14 y el 18 de septiembre, concluyó con un comunicado conjunto que fija acuerdos iniciales centrados en la renuncia al uso de armas, la “construcción de paz” y la puesta en marcha de medidas piloto en cinco municipios, Mutatá (Antioquia), Acandí, Belén de Bajirá, Riosucio y Unguía (Chocó), para generar confianza territorial. En ese marco se acordó la desvinculación de menores: el grupo armado hará un censo interno y, si hay casos, los pondrá a disposición del ICBF (Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), además de constituir un piloto de sustitución de cultivos ilícitos liderado por la Dirección de Sustitución y grupos de trabajo que aborden migración irregular y daños ambientales con participación de autoridades locales y comunidades.
A nivel nacional, el Clan del Golfo se comprometió a no interferir en el proceso electoral de 2026 y a respetar el Derecho Internacional Humanitario, mientras las partes solicitaron acompañamiento y verificación a Catar, a la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA, a la Conferencia Episcopal y al Consejo de Seguridad de la ONU. El presidente Petro subrayó que “aquí se discutirá antes que nada la sustitución de cultivos ilícitos”, señalando la prioridad del gobierno sobre ese punto en los diálogos; sin embargo, el ministro de Defensa, Samuel Sánchez, dejó claro que la reanudación del diálogo no implica paralizar las operaciones y afirmó que “la orden es continuar la ofensiva contra el Clan del Golfo”. Fuera de las declaraciones oficiales, la reapertura de los diálogos ya generó cuestionamientos públicos y mediáticos sobre responsabilidades técnicas y operativas, por ejemplo, sobre quién gestionará la sustitución de cultivos en los territorios priorizados, un tema que quedó planteado para las siguientes rondas en Doha y para los mecanismos de verificación y justicia transicional que las partes acordaron impulsar.
