A pesar de la destitución de Dina Boluarte por parte del Congreso Nacional, el descontento social y político siguió expresándose en Lima. En esta ocasión los jóvenes de la generación Z fueron a las calles para protestar contra el Poder Legislativo y el flamante presidente interino, José Jeri. Junto con artistas, colectivos feministas y ciudadanos sin filiaciones específicas, expresaron mensajes como “Dina ya cayó, ahora le toca al violador” y “No quiero a un violador como presidente”. En conjunto, buscan una salida democrática a la crisis política nacional.

En respuesta, la represión policial resultó en un trágico saldo. La Fiscalía confirmó que un manifestante, identificado como Mauricio Ruiz, falleció tras recibir un disparo con arma de fuego en la Plaza Francia. Se reportó que el joven fue presuntamente asesinado por un policía de civil. Adicionalmente, se grabó a efectivos de la policía apuntando con armas y pateando en la cabeza a otros manifestantes con frases intimidantes.

A pesar de la violencia contra los manifestantes, el Ministerio de Salud y la Defensoría del Pueblo reportaron que la marcha nacional de la generación Z habría dejado un saldo de 78 policías heridos. El recrudecimiento de los enfrentamientos y la primera muerte en las protestas agudizan la inestabilidad política que, en los últimos diez años, ha estado marcada por la sucesión de ocho presidentes y la constante crisis institucional.

Paralelamente a las protestas en las calles, la crisis institucional se reflejó nuevamente en el Congreso. El legislador Jaime Quito y otros parlamentarios anunciaron la búsqueda de firmas para presentar una nueva moción de censura contra el Ejecutivo, lo que plantea la posibilidad de un nuevo debate de censura en el pleno. En un intento por contrarrestar la inestabilidad y ganar legitimidad, José Jeri anunció la convocatoria a un Acuerdo Nacional para buscar consensos. Adicionalmente, en medio de la crisis de seguridad que vive el país, el presidente también declaró que su «voluntad va a estar orientada a declarar la guerra a la delincuencia», buscando priorizar el tema de seguridad en la agenda legislativa y de diálogo político.