En medio de una creciente crisis de seguridad, el Congreso de Guatemala aprobó el martes 21 de octubre una nueva ley que declara a las pandillas como organizaciones terroristas. La votación se dio luego tras la fuga de 20 cabecillas del Barrio 18 de la cárcel Fraijanes II, cercana a la capital. La legislación, que había permanecido estancada durante años, cobró impulso luego de este escape masivo, que generó la renuncia de altos funcionarios de seguridad y la crítica de Estados Unidos, que calificó el hecho como «inaceptable».
La ley establece que las pandillas Barrio 18 y Mara Salvatrucha serán oficialmente consideradas grupos terroristas en Guatemala. Además, incrementa las penas por delitos de extorsión de 12 a 18 años de cárcel y eleva en un tercio las condenas si el sentenciado es miembro de una pandilla. También establece penas de entre 14 y 18 años para quienes recluten menores y ordena la construcción de una cárcel de máxima seguridad destinada a estos grupos criminales.
El proyecto legal, que comenzó a ser discutido por los diputados apenas dos días después de la fuga, se inspira en el marco jurídico de El Salvador, donde el presidente Nayib Bukele inició en 2022 una “guerra” contra las pandillas bajo un estado de excepción que permite detenciones sin orden judicial. Sin embargo, el mandatario guatemalteco Bernardo Arévalo ha descartado adoptar un modelo similar.
