Luego de que el Congreso rechazara la moción de censura contra José Jeri y su gabinete, el presidente declaró el estado de emergencia en Lima Metropolitana y el Callao. Jeri justificó la medida sosteniendo que «las guerras se ganan con acciones, no con palabras», subrayando la intención del Ejecutivo de actuar con mano dura frente a la crisis de seguridad que enfrenta el país. La medida que se estableció por 30 días, autoriza a las Fuerzas Armadas a actuar contra los manifestantes.

El gobierno no descartó la posibilidad de declarar un toque de queda, lo que generó preocupación sobre la escalada de las restricciones ciudadanas. Analistas políticos advirtieron que la medida podría ser ineficiente contra la inseguridad y, peor aún, permitiría mayores abusos y detenciones en las protestas. Esto se produce en un contexto donde la Policía Nacional del Perú (PNP) registra su mayor nivel de desconfianza ciudadana, con solo el 14% de la población que apoya a la institución.

A pesar de la mano dura del gobierno y el respaldo congresal, el descontento social sigue amenazando la estabilidad del gobierno. En ese marco, el primer ministro Ernesto Álvarez se vio obligado a ofrecer disculpas a la “Generación Z” tras haber calificado sus marchas como subversivas, en un intento por desescalar el conflicto con los jóvenes. Sin embargo, los jóvenes volvieron a convocar una nueva marcha para ayer 25 de octubre en respuesta al asesinato del manifestante Eduardo Ruiz, manteniendo viva la presión social contra el Ejecutivo.