El pasado 23 de octubre la Confederación Nacionalidades Indígenas del Ecuador (CONAIE) dio por terminado el paro nacional indefinido después de 31 días de movilizaciones, bloqueos y confrontación. Este cese se produjo sin un diálogo formal ni concesiones por parte del gobierno, un evento calificado como inédito en la historia del movimiento indígena. El presidente de la CONAIE, Marlon Vargas, explicó los motivos de la decisión: el movimiento indígena optó por retirarse de las calles para evitar más víctimas y violencia en el contexto del estado de excepción y la militarización. En cuanto al balance general del paro, se registraron tres muertos, un número indeterminado de manifestantes y militares heridos, y múltiples detenidos.

No obstante, la decisión de la CONAIE de poner fin al paro no fue unánime dentro de todo el movimiento indígena. La Unión de Organizaciones Campesinas de Cotacachi  (UNORCAC), una agrupación indígena de Cotacachi afiliada a la Confederación Nacional de Indígenas, Campesinos y Negros (FENOCIN), se resistió a culminar la protesta, lo que sugiere la existencia de fracturas internas y de otros sectores que movilizaron el descontento en las bases.

Las protestas se enmarcan en una situación social más amplia, atravesada por la violencia extrema y la pobreza. Un informe del Global Hunger Index 2025 reveló que Ecuador es el tercer país con más hambre en Sudamérica, lo que subraya las profundas carencias sociales y la inseguridad alimentaria que motivaron, en parte, el rechazo a la eliminación del subsidio al diésel. Buena parte de las organizaciones sociales e indígenas se resistían a culminar con el paro sin tener respuestas integrales a este tipo de problemáticas.

La estrategia de la CONAIE, tras el repliegue en las calles, se centrará en la campaña por el «No» en la próxima Consulta Popular promovida por el gobierno de Daniel Noboa. Marlon Vargas aseguró que la organización se dedicará a la preparación de esta campaña, trasladando así el peso de su protesta del ámbito de la movilización directa al ámbito político-electoral.

La consulta incluye cuatro preguntas clave que buscan cambiar la estructura institucional del país. Noboa impulsa el fin del financiamiento estatal a los partidos políticos, la reinstalación de bases militares en el territorio nacional, la reducción del número de asambleístas, y la instalación de una Asamblea Constituyente que escriba un nuevo texto fundamental para el país.