La reapertura del sumario administrativo contra el excanciller Francisco Bustillo vuelve a situar en el centro de la escena el llamado caso Marset, uno de los episodios más complejos de la política exterior uruguaya reciente. El expediente se origina en las presuntas irregularidades que rodearon la tramitación del pasaporte otorgado en 2021 al narcotraficante Sebastián Marset, actualmente prófugo, y en la posterior destrucción o sustracción de documentos que registraron comunicaciones internas entre funcionarios del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Bustillo, quien renunció en 2023 tras difundirse audios que comprometían su actuación en la gestión del caso, impugnó ahora la resolución que dispone su sumario. Argumenta que, habiendo cesado a pedido del presidente Luis Lacalle Pou, no puede ser nuevamente sancionado por los mismos hechos, invocando el principio non bis in idem. Además, denuncia falta de motivación, violaciones al debido proceso y difusión mediática previa a la notificación formal del acto administrativo.

El trasfondo del conflicto involucra la cadena jerárquica de decisiones que habría permitido el traslado de un sobre con pruebas desde la Cancillería a la Torre Ejecutiva, según declaraciones del funcionario Carlos Mata, y su eventual entrega al asesor presidencial Roberto Lafluf. Bustillo niega haber impartido esa orden, señalando que se encontraba fuera del país, y sostiene que el procedimiento contiene defectos de forma y fondo.

A esa disputa institucional se añadió la reaparición pública del propio prófugo en un video amenazante, que reaviva la polémica del pasaporte y las repercusiones judiciales y diplomáticas que aún persisten.