El miércoles 2 de octubre, la Asamblea General de las Naciones Unidas, por enorme mayoría, una vez más se pronunció contra el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba. Con 165 votos a favor, fue aprobada la resolución titulada “Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos contra Cuba”.
Se trata de la trigésima cuarta vez que el máximo órgano deliberativo de la ONU exige el levantamiento de esta política, considerada por la mayoría de los países como un acto de hostilidad que viola el derecho internacional. Desde 1992, Cuba ha presentado esta queja ante la ONU, denunciando las graves consecuencias del bloqueo sobre su economía y su población. De acuerdo con los datos más recientes, sólo entre marzo de 2024 y febrero de 2025, las pérdidas ocasionadas por esta política ascendieron a siete mil 500 millones de dólares. Estas cifras reflejan el impacto acumulativo de más de seis décadas de sanciones, que limitan el acceso de la isla a recursos financieros, tecnología, alimentos y medicinas, afectando directamente la vida cotidiana del pueblo cubano.
Durante el debate, que se extendió por dos días, los representantes de decenas de Estados y bloques regionales subrayaron la ilegalidad del bloqueo, calificándolo como una “violación flagrante y sistemática” de la Carta de las Naciones Unidas. Diversas delegaciones coincidieron en que el bloqueo constituye una forma de castigo colectivo, práctica prohibida por el derecho internacional humanitario. Los oradores también denunciaron el carácter extraterritorial de las sanciones, que perjudican a empresas y ciudadanos de terceros países, e insistieron en la necesidad de eliminar a Cuba de la lista estadounidense de países patrocinadores del terrorismo, una designación unilateral considerada injusta y políticamente motivada.
No obstante, este año la votación mostró ciertos cambios en las posturas internacionales. Además de los tradicionales votos en contra de Estados Unidos e Israel, se sumaron Argentina, Paraguay, Hungría, Macedonia del Norte y Ucrania, elevando a siete el número de países que se opusieron a la resolución. Por su parte, doce Estados se abstuvieron, entre ellos Costa Rica, Ecuador, Lituania y Polonia. Este giro contrasta con años anteriores, cuando el consenso a favor de Cuba era prácticamente unánime en América Latina, el Caribe y la Unión Europea.
El gobierno cubano atribuyó estas variaciones a una campaña de presión diplomática emprendida por Washington. Según denunció el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba, el Departamento de Estado estadounidense envió cartas a varios países —principalmente europeos y latinoamericanos— en las que insinuaba posibles represalias si votaban a favor de la resolución.
