La relación entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos se mantiene en uno de sus momentos más tensos, marcada por diferencias en materia de cooperación militar, políticas antidrogas y en los últimos días el alcance de la misión de verificación de la ONU en el país. En este contexto el presidente Gustavo Petro ordenó suspender el apoyo del personal militar colombiano a operaciones que utilicen misiles o fuerza considerada desproporcionada. La medida se produjo tras la incautación de un importante cargamento de cocaína y en medio de denuncias sobre presuntas operaciones estadounidenses en aguas colombianas, lo que derivó en un nuevo episodio de fricción bilateral.

Paralelamente Estados Unidos habría condicionado la continuidad de la misión de verificación de la ONU en Colombia, solicitando que no intervenga en la verificación de sanciones impuestas por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Esta posición generó preocupación en Bogotá por el posible impacto sobre el seguimiento internacional al proceso de paz y por las implicaciones que tendría limitar el mandato de la misión.

El Consejo de Seguridad de la ONU, que debía votar la extensión del mandato de la misión, decidió aplazar la decisión para una próxima sesión. El retraso fue interpretado por fuentes diplomáticas como una señal de las dificultades para alcanzar consenso en torno a las nuevas condiciones impulsadas por Washington. Desde la Cancillería colombiana, el vicecanciller Francisco Jaramillo expresó confianza en que “prevalecerá la sensatez” en las deliberaciones y destacó la importancia del acompañamiento internacional para consolidar la paz.

Las tensiones aumentaron luego de que Petro y la primera dama fueran incluidos en la denominada “Lista Clinton”, un registro elaborado por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que identifica a personas o entidades sospechosas de tener vínculos con actividades ilícitas y les impone sanciones financieras y comerciales. El mandatario aseguró que la medida ha tenido efectos inmediatos, como la negativa de una empresa a suministrar combustible a aeronaves oficiales. Petro respondió defendiendo los resultados de su política antidrogas y anunció su intención de negociar directamente con Estados Unidos para revertir la decisión.