​El Congreso tuvo esta semana una agenda alrededor de la reforma a la salud y la ley de financiamiento (tributaria), donde las fricciones entre el Ejecutivo y varias bancadas marcaron el pulso y pusieron en primer plano la discusión sobre si existe o no un aval fiscal real para la iniciativa. Desde la Casa de Nariño, el presidente Gustavo Petro y el ministro del Interior, Armando Benedetti, han cuestionado las demoras en las comisiones, y Benedetti incluso anunció posibles denuncias contra algunos senadores por su actuación en la Comisión Séptima. La respuesta del Congreso ha sido de defensa de su autonomía y acusaciones de que el gobierno pretende desbordar los límites constitucionales.

En el centro del debate está la sostenibilidad financiera, el Ministerio de Salud y algunos congresistas del Pacto Histórico sostienen que sí existe un concepto favorable de impacto fiscal que permitiría avanzar con la reforma, mientras que la oposición y varios senadores (especialmente de los partidos Conservador, Centro Democrático y el Partido de la Unión por la Gente) insisten en que los recursos no están garantizados y que partes importantes del financiamiento dependen de una ley de financiamiento que aún no se ha aprobado.

En paralelo, la discusión de la reforma tributaria, ha avanzado con la designación de ponentes en comisiones económicas y con la expectativa de que el gobierno y los congresistas negocien qué medidas tributarias se mantienen o se retiran, la oposición anunció además que presentará una ponencia alternativa. Frente al estancamiento legislativo en puntos clave, el Ejecutivo ha anunciado un “Plan B” para aplicar medidas administrativas y reglamentarias que permitan avanzar en algunos objetivos de la reforma a la salud sin esperar la aprobación total del Congreso, una decisión que profundiza la discusión sobre límites institucionales y el respeto estricto de la Constitución. En este contexto, la agenda parlamentaria de la semana, que además incluye debates sobre paz total y jurisdicción agraria, evidencia una Cámara y un Senado con prioridades y tiempos distintos al Ejecutivo, lo que augura más enfrentamientos políticos y negociaciones técnicas en las próximas semanas mientras se compaginan las cifras fiscales, los tiempos legislativos y las estrategias del gobierno para asegurar la implementación de su propuesta.