El presidente Gustavo Petro ha propuesto la creación de un observatorio binacional contra el crimen organizado dirigido a coordinar esfuerzos entre Colombia y México, una iniciativa que presentó en redes tras el asesinato del alcalde de Uruapan y que, hasta el momento no ha recibido respuesta pública de la presidenta Claudia Sheinbaum. Petro fundamenta la propuesta en su tesis de que las mafias son transnacionales y en la necesidad de análisis e inteligencia de alto nivel para enfrentar ese fenómeno. En paralelo, la estrategia internacional del mandatario aparece reforzada por una serie de viajes y gestos diplomáticos que buscan aumentar su figuración regional como herramienta para contrarrestar la tensión política con Estados Unidos, aprovechando foros multilaterales —como la CELAC-UE y la COP30— y alianzas latinoamericanas para respaldar su posición exterior. Esa acumulación de posicionamientos internacionales se complementa con un discurso climático en el que Petro reclama una “migración” hacia una economía global descarbonizada.

Las tensiones políticas con Estados Unidos y la visibilidad en foros multilaterales otorgan al gobierno una plataforma para internacionalizar sus denuncias y propuestas, pero también lo exponen a críticas sobre prioridades y eficacia en la reducción de la violencia y la protección de las comunidades afectadas. Esta semana en el sur de Bolívar, se ha registrado una masacre atribuida al ELN, que ha generado una alarma humanitaria y la implementación de un fuerte operativo militar, mientras que en Vichada se reporta un conflicto armado entre disidencias y el ELN luego de romper una alianza.

En este plan el avance que logró el gobierno en el proceso de paz estuvo vinculado al Tren de Aragua (grupo criminal venezolano con presencia en Colombia), que ha enviado una carta al presidente manifestando interés en sumarse al programa denominado “paz total”, abriendo así un proceso exploratorio para una posible desmovilización y negociación con apoyo estatal.