Con la llegada del año electoral, la agenda legislativa se encuentra condicionada por un calendario que marca hitos clave desde enero hasta junio, con consultas interpartidistas y elecciones para Congreso y la presidencia. El 8 de marzo se celebrarán las elecciones al Congreso, que renovarán las casi 300 bancas entre Senado y Cámara, y la primera vuelta presidencial está prevista para el 31 de mayo, con posible segunda vuelta el 21 de junio si ningún candidato supera el 50% de los votos.
En este contexto de transición, el gobierno del presidente Gustavo Petro define sus iniciativas legislativas con un sentido estratégico: impulsar proyectos antes del cierre de la legislatura y consolidar su legado. Con solo tres meses de trabajo en el Congreso antes de las elecciones, y una relación tensa con el Legislativo después de derrotas como la reforma tributaria y el hundimiento de la reforma a la salud, el Ejecutivo ha trazado una nueva ruta que privilegia el diálogo y prioriza un conjunto de textos que considera clave. Entre los proyectos que el gobierno busca impulsar se destacan la reforma a la salud, la consolidación del Ministerio de la Igualdad y la jurisdicción agraria.
La jurisdicción agraria, prometida en el marco del Acuerdo de Paz de 2016 y considerada esencial para resolver conflictos sobre la tierra, con elevados índices de informalidad de propiedad rural y miles de procesos sin resolver, este proyecto enfrenta tensiones sobre su diseño institucional. Analistas advierten sobre el riesgo de que la normativa que reglamente esta jurisdicción la desnaturalice al relegar el control judicial que se pretendía fortalecer, regresando así a un modelo en el que la autoridad administrativa actúe también como juez y parte.
En paralelo, el gobierno radicó en el Congreso la ley de competencias, pieza normativa considerada clave para implementar la reforma al Sistema General de Participaciones (SGP). Este proyecto busca reordenar la distribución de competencias entre niveles de gobierno y establecer principios para la descentralización, requisito indispensable para que las mayores transferencias de recursos aprobadas en la reforma al SGP puedan operar en la práctica. Aunque ha recibido respaldo de autoridades territoriales y sectores del Legislativo, también ha enfrentado críticas respecto a su impacto sobre la sostenibilidad de las finanzas públicas y su capacidad para equilibrar responsabilidades entre la nación, los departamentos y los municipios.
El debate sobre fracking expresa otra dimensión de la agenda en discusión: más allá de los temas fiscales y estructurales, persisten iniciativas con implicaciones ambientales y de política energética. El gobierno meses atrás solicitó al Congreso debatir un proyecto de ley que pretende prohibir el fracking y otras formas de explotación de hidrocarburos no convencionales, argumentando su importancia para alcanzar metas de reducción de emisiones y proteger recursos hídricos y ecosistemas.
