José Antonio Kast, presidente electo de Chile, prioriza un plan migratorio estricto para sus primeros meses en el poder. Busca cerrar pasos fronterizos irregulares, expulsar a unos 337 mil migrantes indocumentados (75% venezolanos) y recriminalizar el ingreso irregular como delito, en lugar de falta administrativa desde 2022. Ha coordinado con presidentes de Argentina, Ecuador y Perú un corredor humanitario para devoluciones y advierte sanciones a quienes alojen, transporten o contraten a irregulares.

Expertos cuestionan la viabilidad por la sobrecarga en Fiscalía, tribunales lentos y cárceles al 142% de capacidad, con solo mil 504 expulsiones bajo Boric versus mil 327 con Piñera. Críticos como Ignacio Walker lo comparan con Trump y llaman a regularizar; la Iglesia Católica coincide. Históricamente, entre 2018-2022 hubo pocas condenas por ingreso irregular, y penalizarlo violaría no criminalizar la migración ni el asilo.

Alternativas incluyen fortalecer controles fronterizos, expulsiones eficientes y sanciones a empleadores. El plan Escudo Fronterizo prevé reducir flujos irregulares 40% en tres meses con tecnología, FF.AA. y obstáculos. Expertos como Gabriela Hilliger ven ineficaz la detención por costos y coordinación con Venezuela, proponiendo retornos asistidos sin prohibiciones futuras.