La última semana consolidó a ICE como epicentro de una crisis doméstica que mezcla fuerza federal en las calles, protesta social y decisiones de política migratoria. El disparo mortal contra Renée Nicole Good en Minneapolis el 7 de enero aceleró una dinámica de duelo y confrontación: vigilias masivas, marchas y un nuevo foco de tensión entre la narrativa oficial (defensa propia del agente) y el reclamo de autoridades estatales y locales que exigen investigación y límites al despliegue federal.

En ese clima, la discusión dejó de ser sólo el episodio puntual y pasó a ser el método: agentes federales de inmigración, entrenados para detenciones y deportaciones, fueron vistos cumpliendo roles de control de multitudes —con denuncias por tácticas agresivas, armas largas apuntadas a manifestantes y uso de gases lacrimógenos— mientras la American Civil Liberties Union of Minnesota (ACLU) presentó acciones judiciales para acotar su actuación en protestas. La presión escaló al plano institucional: se reportaron renuncias de fiscales federales en señal de protesta por la falta de una investigación de derechos civiles, y el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, pidió a Trump retirar a ICE de las ciudades, argumentando que las redadas “aterrorizan comunidades” y aumentan el riesgo público.

En paralelo, la Casa Blanca endureció la entrada legal al país: el Departamento de Estado anunció que desde el 21 de enero pausará el procesamiento de visas migratorias para solicitantes de 75 países, bajo el criterio de “carga pública” (riesgo de uso de asistencia estatal), aclarando que la medida no apunta a visas temporales de turismo/negocios. Entre los 75 países se encuentran varios de América Latina, incluidos Antigua y Barbuda, Brasil, Bahamas, Belice, Barbados, Colombia, Cuba, Guatemala, Haití, Jamaica, Nicaragua, Saint Kitts y Nevis, Saint Vincent y las Granadinas y Uruguay. El mensaje político se completó con una advertencia interna hacia jurisdicciones opositoras: Trump dijo que, desde el 1 de febrero, se cortarían pagos federales a estados con “sanctuary cities”. Estas ciudades santuario son aquellas que mediante leyes municipales frenan el accionar del gobierno nacional para hacer cumplir la ley de migración, en este caso la actuación de ICE. Algunas de estas ciudades son Nueva York, Los Ángeles, Boston y San Diego. En su declaración, Trump no detalló qué partidas ni qué estados se encontrarán afectados, reabriendo un frente legal ya litigado en tribunales en su intento previo de condicionar fondos a la cooperación migratoria.