Es difícil predecir el alcance exacto que la crisis en Venezuela tendrá en el resto del continente. Sin embargo, resulta claro que se trata de una problemática cuyas reverberaciones ya están teniendo un alcance regional.

El miércoles, la embajadora de Estados Unidos en Honduras, Laura Dogu, manifestó ante la prensa su “decepción y preocupación” luego de que se conociera una reunión entre el ministro de Defensa y el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de Honduras, junto con el ministro de Defensa venezolano, Vladimir Padrino López.

“Estamos muy preocupados por lo ocurrido en el gobierno de Venezuela, fue bastante sorprendente para mí ver al ministro de Defensa y al Jefe del Estado Mayor Conjunto sentado al lado de un narcotraficante en Venezuela”, manifestó la diplomática estadounidense.

Rápidamente el gobierno de Honduras calificó estas declaraciones como una muestra de «injerencia» e «intervencionismo» por parte de Washington, y como respuesta la presidenta  Xiomara Castro ordenó a su canciller, Enrique Reina, anular el tratado de extradición que su país mantiene con EE UU, con el fin de “combatir el narcotráfico”. El tratado se encuentra vigente desde 1912, sin embargo fue en la última década que cobró relevancia. Entre los hondureños juzgados en Estados Unidos, se destaca el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue extraditado en 2022 y recibió una sentencia de 45 años de prisión, acusado de construir un “narco estado”.

La medida fue criticada desde diversos sectores opositores del país, como el expresidente de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC), Eduardo Facussé, quien acusó al gobierno de «proteger el narcotráfico». A la vez, formalmente Washington insistió en que se reconsidere la decisión. Sin embargo, el tono de las acusaciones fue escalando. El jueves, durante la inauguración de una instalación eléctrica, la presidenta afirmó que los dichos de la diplomática estadounidense se trataría de “un ataque al jefe de las fuerzas armadas y al ministro de Defensa” del país que “debilita a la institucionalidad de las fuerzas armadas” y que coloca en una situación precaria “el proceso electoral que se avecina”.

Como si fuera poco, ese mismo día, el canciller Enrique Reina, dijo en una entrevista televisiva que la inteligencia del país detectó un intento de ”golpe de barracas”, cuyo fin sería dividir las Fuerzas Armadas para destituir al jefe militar Roosevelt Hernández –quien participó de la reunión que desencadenó el conflicto–.