Ecuador ha impuesto un arancel del 30% a las importaciones colombianas a partir del 1 de febrero de 2026, en respuesta a lo que el presidente Daniel Noboa califica como falta de cooperación de Bogotá en la lucha contra el narcotráfico y la minería ilegal en la frontera común de 600 kilómetros. Noboa, quien desde Davos anunció la medida vía X, argumenta que sus militares enfrentan solos a grupos criminales transnacionales, pese a un déficit comercial de más de mil millones de dólares anuales a favor de Colombia, con exportaciones colombianas por dos mil millones de dólares en 2024. Colombia rechazó de inmediato la decisión, con el presidente Gustavo Petro destacando incautaciones de más de 200 toneladas de cocaína, centenares de combates y fusiles recuperados en la frontera, además de entregas de capos capturados a Ecuador.
El gobierno colombiano, a través de Cancillería, remitió una nota de protesta y resaltó 91 coordinaciones conjuntas que derivaron en 26 operativos, 39 deportaciones, 25 capturas y un aumento del 37,6% en incautaciones de cocaína. Petro vinculó el avance del narcotráfico en Ecuador a la presión colombiana contra él, e insistió en combatir precursores químicos para fentanilo en el Pacífico, mientras cuestionó la no entrega de presuntos implicados en el magnicidio de Miguel Uribe Turbay, como alias «El Mosco».
En represalia, Colombia suspendió todas las Transacciones Internacionales de Electricidad (TIE) con Ecuador mediante una resolución del Ministerio de Energía, limitando exportaciones a plantas térmicas no prioritarias para el Sistema Interconectado Nacional (SIN). Ecuador respondió que su Sistema Nacional Interconectado registra 5.454 MW de disponibilidad, suficiente para cubrir la demanda diaria sin importaciones colombianas, manteniendo estabilidad operativa.
Ecuador representa uno de los principales destinos para los medicamentos producidos en Colombia, con exportaciones que alcanzaron 85 millones de dólares en 2024, equivalentes al 8% del total exportado por la industria farmacéutica nacional. La industria alerta que el arancel del 30% impuesto por Quito elevará precios en un 25-30% para los ecuatorianos, afectando el acceso a tratamientos esenciales y reduciendo competitividad colombiana en un mercado clave donde suministra el 15% de las importaciones farmacéuticas de Ecuador. Asociaciones como Asinfar y ProColombia advierten impactos en empleo y producción en regiones como el Valle del Cauca, exacerbando la tensión comercial bilateral.
Gremios como Colfecar alertaron que el 72% de las exportaciones a Ecuador dependen del transporte terrestre, y que la «guerra arancelaria» quiebra la integración andina, encarece bienes, reduce competitividad, afecta empleo y logística, e incentiva contrabando sin resolver problemas de seguridad. Analdex (gremio que agrupa a empresas centradas en el comercio exterior) reportó por su parte ventas colombianas a Ecuador por mil 900 millones de dólares en 2024 (segunda cifra histórica), con énfasis en electricidad por el Niño.
Esta escalada, enmarcada en tensiones previas como la petición de Petro por la liberación de Jorge Glas, amenaza el comercio bilateral de más de dos mil 500 millones de dólares anuales en la Comunidad Andina, priorizando agendas de seguridad sobre el diálogo regional. La confrontación comercial entre Colombia y Ecuador podría ser un segundo capítulo en las confrontaciones de Petro con Trump, teniendo en cuenta los vínculos norteamericanos de Quito y el alineamiento del presidente Daniel Noboa con Estados Unidos, lo que posiblemente influye en sus medidas arancelarias contra el gobierno de Colombia para reforzar la agenda hemisférica prioritaria de Washington.
