En un contexto global signado por la guerra tarifaria y la intervención estadounidense en distintas latitudes, el presidente Daniel Noboa anunció la implementación de una tasa del 30% a las importaciones provenientes de Colombia. Según el mandatario ecuatoriano, esta medida tendría como objetivo recaudar fondos para financiar la seguridad interna del país. La justificación detrás de este arancel se fundamenta en una supuesta «falta de cooperación» por parte del gobierno de Gustavo Petro en materia de seguridad, una acusación que escaló tras incidentes relacionados con la fuga de criminales.

El gobierno de Petro calificó la medida ecuatoriana como una «agresión económica» y anunció que respondería bajo el principio de reciprocidad. Así, Colombia decidió imponer, a su vez, un arancel del 30% a 20 productos estratégicos ecuatorianos, afectando un intercambio comercial valorado en aproximadamente 250 millones de dólares. Sin embargo, la represalia más severa ocurrió en el sector energético: el Ministerio de Minas y Energía de Colombia confirmó la suspensión de la exportación de energía eléctrica hacia Ecuador a partir de las 6:00 p.m. del jueves 22 de enero.

Aunque inicialmente Ecuador había declarado que la logística de hidrocarburos y la venta de energía estarían exentas de los aranceles, la decisión de Bogotá de cortar el suministro eléctrico provocó una contraofensiva inmediata. El gobierno ecuatoriano anunció ajustes a las tarifas del crudo colombiano que transita por territorio nacional. Esta guerra comercial ha generado una desconexión en los acuerdos binacionales previos, afectando no solo el flujo de productos básicos sino también la infraestructura estratégica que conecta a ambos países.

En el ámbito legislativo, asambleístas de diversas bancadas, incluyendo al correísmo, han solicitado explicaciones al Ejecutivo por las posibles consecuencias de esta crisis. Por su parte, la Cámara de Comercio Ecuatoriano-Colombiana y diversas asociaciones gremiales han expresado su «profunda preocupación», advirtiendo sobre los impactos nocivos en los precios al consumidor y la estabilidad de las empresas. Desde Colombia, Asocapitales también ha instado a buscar soluciones diplomáticas, recordando que Ecuador es uno de sus principales socios comerciales.

Mientras la tensión escala, el Ministerio de Defensa de Colombia ha recordado que sus fuerzas capturaron al criminal alias «Fede» tras su fuga de Ecuador, defendiendo la efectividad de su cooperación previa. En un intento por frenar la crisis, Colombia ha enviado una nota verbal a la Cancillería ecuatoriana proponiendo una reunión bilateral para el 25 de enero en Ipiales, territorio fronterizo. El objetivo de este encuentro será discutir los impactos de las medidas y buscar un consenso que evite daños a las economías de ambos países.