La situación del presidente José Jerí se agravó tras confirmarse que sus reuniones no declaradas con el empresario chino Zhihua Yang vulneran las normativas de transparencia y ética pública. Se ha revelado que estas citas son presuntamente ilegales debido a que Yang es un contratista del Estado vinculado a la empresa China Railway. Además de la reunión en un chifa de San Borja, se descubrió un nuevo encuentro en un local clausurado en el Centro de Lima. El escándalo escaló aún más al conocerse que el empresario realizó múltiples visitas al Palacio de Gobierno y otras oficinas públicas.
El 19 de enero, la Fiscalía de la Nación anunció el inicio de una investigación preliminar contra el mandatario. El Ministerio Público busca determinar si existió el delito de tráfico de influencias derivado de estas citas clandestinas. El caso ha tomado un matiz más complejo luego de que el empresario Zhihua Yang cambiara de versión sobre las razones del encuentro, mientras que las autoridades rastrean antecedentes de un posible «blindaje» previo por parte de Jerí, quien en su etapa legislativa habría evitado debatir informes que ponían foco en las actividades de empresarios chinos, incluyendo a Yang.
El Congreso también ha reaccionado frente a esta situación. Se ha presentado una moción de vacancia presidencial que ya cuenta con 14 firmas, mientras que la presión por su censura como presidente suma ya su sexta moción presentada con apoyo de diversas bancadas, incluidas Acción Popular, Bloque Democrático Popular, Juntos por el Perú, Bancada Socialista, Perú Libre, Avanza País, Renovación Popular y Honor y Democracia, además de varios no agrupados. Partidos como Alianza para el Progreso y Renovación Popular han exigido públicamente su renuncia, y se promueve una convocatoria a sesión extraordinaria para votar su salida definitiva ante la pérdida de respaldo parlamentario.
Pese a la presión política, Jerí ha manifestado que no renunciará, argumentando que hacerlo implicaría aceptar que cometió un acto irregular. El mandatario insiste en que las acusaciones son parte de un «complot» en su contra y ha ofrecido defensas que han sido calificadas como inverosímiles por sus detractores. De hecho, un sector del Congreso ya no otorga credibilidad alguna a sus descargos y prepara argumentos para concretar su vacancia.
La crisis ha trascendido las instituciones y ha comenzado a generar eco en la ciudadanía. Colectivos de la denominada «Generación Z» han convocado a una marcha nacional para el próximo 28 de enero en rechazo al escándalo del «Chifagate» y exigiendo la salida de Jerí. El desgaste de la imagen presidencial se profundiza y el escenario de una salida anticipada cobra fuerza a medida que se agotan los plazos parlamentarios para debatir la censura y la vacancia.

