Las investigaciones sobre el escándalo del “Chifagate” han profundizado en el perfil de Zhihua Yang, hoy señalado como el principal facilitador de intereses empresariales chinos en el país. Incluso, se ha revelado que una empresa vinculada a Yang obtuvo un contrato directo con el despacho presidencial, mientras que el empresario registra al menos tres visitas oficiales a Palacio de Gobierno. Asimismo, ha trascendido que, días antes de su reunión clandestina con el mandatario, Yang habría solicitado formalmente al Ejecutivo gestiones para salvar una de sus concesiones hidroeléctricas. Este entramado se complementa con la aparición de un segundo empresario, Ji Wu Xiaodong, quien también habría participado en las citas bajo sospecha.
El viernes 30 de enero José Jerí compareció ante el Fiscal de la Nación. El interrogatorio se centró en esclarecer la naturaleza de las reuniones no registradas con Yang y Ji Wu Xiaodong, así como en responder por los indicios de tráfico de influencias y favores en contrataciones estatales. La Fiscalía busca determinar si existió una coordinación premeditada para beneficiar a las empresas chinas a cambio de beneficios políticos o económicos.
En el plano legislativo, la ofensiva contra el mandatario se ha mantenido y diversificado. El 26 de enero se presentó oficialmente la moción de vacancia presidencial, argumentando incapacidad moral. Simultáneamente, el número de mociones de censura ha ascendido a siete. A pesar de esta presión, la convocatoria a un Pleno extraordinario se ha visto obstaculizada por la falta de 37 firmas necesarias para forzar la sesión. El futuro de estas medidas depende de bancadas clave como Alianza para el Progreso (APP) y Podemos Perú, quienes aún mantienen una postura ambivalente.
Por su parte, la líder de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, ha desempeñado un rol determinante en la contención de la destitución inmediata de Jerí. Fujimori ha señalado que su bancada solo apoyaría una censura o vacancia si se presentan pruebas de flagrancia delictiva. Esta postura ha sido interpretada como un «blindaje» táctico que impide alcanzar los votos necesarios en el corto plazo, bajo el argumento de priorizar la estabilidad institucional.
El impacto del «Chifagate» se ha reflejado en los sondeos de opinión. Según el IEP, la aprobación de José Jerí se ha desplomado al 33%, mientras que la encuestadora Datum Internacional sitúa su respaldo en un 41%, marcando la primera vez en su gestión que su desaprobación supera a su aprobación. El sentimiento de escepticismo crece entre la población, que percibe una falta de transparencia en el entorno presidencial, lo que debilita aún más la posición de Jerí frente a un Congreso que presenta delicados equilibrios en cuanto a su continuidad.
