La Asamblea Nacional de Venezuela aprobó por unanimidad la reforma de la Ley de Hidrocarburos, promulgada originalmente en 2001, con el objetivo de atraer mayor inversión privada en el sector petrolero. La presidenta interina Delcy Rodríguez destacó que la nueva norma mantiene la impronta del fallecido presidente Hugo Chávez, reafirmando la soberanía sobre los recursos naturales, en un contexto favorable marcado por el levantamiento parcial de las sanciones estadounidenses al crudo venezolano bajo la administración de Donald Trump. Esta modificación busca revitalizar la industria mediante asociaciones más flexibles con empresas extranjeras, sin ceder el control estatal sobre PDVSA.

En paralelo, Rodríguez anunció durante la sesión solemne de apertura judicial 2026 la inminente presentación de una Ley de Amnistía General que abarcará todo el período de confrontaciones políticas desde 1999, con el fin de reparar heridas causadas por la violencia y el extremismo, fomentando la convivencia nacional. La medida, inspirada en decretos previos de Chávez y Maduro, excluirá a procesados por homicidio, tráfico de drogas, corrupción y graves violaciones a los derechos humanos, y se enmarca en un Programa para la Convivencia y la Paz impulsado por la Comisión para la Revolución Judicial. Además, el emblemático Helicoide dejará de ser sede policial para transformarse en un centro social, deportivo y cultural accesible a familias policiales y comunidades vecinas.

Estas dos leyes reflejan la estrategia del gobierno venezolano para equilibrar la apertura económica en medio de presiones internacionales con gestos de reconciliación interna, en un año marcado por tensiones geopolíticas como el reciente ataque del 3 de enero y tributos a defensores de la soberanía. Rodríguez llamó a una gran consulta nacional por un nuevo sistema de justicia, enfatizando la paz como pilar republicano y evocando el legado chavista para posicionar a Venezuela como nación soberana y estable.