El 12 de febrero, la Environmental Protection Agency anunció la revocación del “endangerment finding” de 2009, la determinación que establecía que los gases de efecto invernadero ponen en riesgo la salud pública y el bienestar, y que por eso habilitaba su regulación bajo el Clean Air Act. La medida funciona como un piso jurídico para múltiples reglas federales (en especial, estándares de emisiones vehiculares) y el Gobierno la presentó como un giro desregulatorio de gran escala, con promesas de alivio de costos para consumidores e industria.
Al anunciar la medida, Trump y el administrador de la EPA, Lee Zeldin hicieron afirmaciones falsas o engañosas: por ejemplo, que el hallazgo “no tenía base legal”, cuando deriva del fallo de 2007 (Massachusetts v. EPA) de la Suprema Corte de Estados Unidos que reconoció que esos gases pueden regularse y empujó a la agencia a determinar si “ponen en peligro” la salud y el bienestar públicos; y que, desde 2009, múltiples tribunales federales lo ratificaron. Por eso, los críticos sostienen que la revocación intenta desarmar una arquitectura basada en precedentes judiciales y evidencia científica acumulada, mientras la administración argumenta que el alcance de la regulación climática excede lo que el Congreso autorizó.
En paralelo, Trump anunció en la Casa Blanca que ordenó al Departamento de Defensa de Estados Unidos a comprar más electricidad generada con carbón y que el Departamento de Energía de Estados Unidos asignará 175 millones de dólares a seis proyectos para actualizar plantas en cuatro estados. El paquete reabre un debate económico además del ambiental: el carbón es el fósil con mayor intensidad de CO₂ por unidad de energía.
En lo inmediato, el foco pasa a los tribunales: abogados ambientales, algunos estados y organizaciones ya anticiparon litigios que buscarán frenar o revertir la decisión, y el propio Gobierno da por hecho una pelea legal sobre autoridad regulatoria. En paralelo, sectores económicos que piden previsibilidad (incluida la industria automotriz) advierten que el cambio puede abrir un período de incertidumbre regulatoria, porque la revocación no solo afecta el marco general, sino también el destino de reglas específicas que se apoyaban en esa determinación. El resultado dependerá de medidas cautelares y del recorrido judicial que, según analistas, podría terminar nuevamente en la Corte Suprema.
