El pasado miércoles 11 de febrero, el oficialismo logró aprobar la reforma laboral en el Senado tras una sesión maratónica de más de 16 horas, con 42 votos a favor y 30 en contra en la votación general, y mayorías similares en los 26 títulos particulares pese a variaciones menores. El oficialismo libertario, junto a aliados como UCR, PRO y algunos peronistas disidentes, impuso el proyecto que incluye la extensión de la jornada laboral a 12 horas, el fraccionamiento de las vacaciones, la reducción de las indemnizaciones por despidos, la ampliación de los periodos de prueba y la restricción del derecho a huelga.

Los debates reflejaron tensiones: oficialistas como Patricia Bullrich defendieron la modernización para reducir litigiosidad e informalidad (43% actual), mientras el kirchnerismo y sectores peronistas criticaron la «flexibilización» que no genera empleo y genera inconstitucionalidad. Ahora, la ley pasa a Diputados, donde el oficialismo busca sancionarla sin modificaciones que la devuelvan al Senado.

La Policía reprimió a manifestantes que protestaban contra la reforma frente al Congreso, mientras el Senado debatía el proyecto oficialista. Fuerzas de seguridad dispersaron a los congregados con gases lacrimógenos y balas de goma, resultando en 20 detenciones convalidadas y alrededor de 30 personas demoradas, según organizaciones sociales. El Gobierno justificó el accionar policial en Plaza de Congreso, en medio de la tensión por la sesión legislativa que aprobaría la controvertida ley. La manifestación incluyó jubilados, trabajadores y opositores que denuncian el proyecto como regresivo, en un contexto de creciente conflictividad social ante las medidas económicas del Ejecutivo.

La Central General del Trabajo (CGT) criticó duramente la aprobación de la reforma laboral en el Senado, calificándola de «flexibilizadora» que no resolverá los problemas del país y solo transferirá recursos del trabajo al capital. La central obrera llamó a los diputados a rechazar el proyecto oficialista de Milei, argumentando que precariza derechos laborales sin generar empleo genuino ni combatir la informalidad. La CGT advirtió sobre impactos regresivos en convenios colectivos, aportes y justicia laboral, instando a la Cámara baja a priorizar el interés de los trabajadores sobre la agenda gubernamental.

Por otra parte, el pasado jueves 12 de febrero, Diputados aprobó con media sanción (149 votos a favor y 100 en contra) el nuevo Régimen Penal Juvenil impulsado por el Gobierno de Milei, que baja la edad de imputabilidad de 16 a 14 años para delitos graves como homicidios, robos agravados, abusos sexuales y secuestros, con penas de hasta 15 años de prisión en institutos especializados que garantizan educación, atención médica y prohibición de convivencia con adultos. El proyecto incluye penas alternativas para condenas menores a 10 años, como servicios comunitarios, monitoreo electrónico o reparación del daño.

Juan Grabois, diputado peronista, criticó el proyecto afirmando que «si quieren bajarla a cero, que lo hagan», ya que considera que se trata de una «falsa dicotomía» y el verdadero problema radica en la situación previa de niños, niñas y adolescentes, vinculada principalmente a la salud mental y el consumo de drogas como el paco. En este sentido, reclamó que el Estado cuente con herramientas efectivas para internar a menores en situaciones críticas, en lugar de enfocarse solo en la represión penal.