La Justicia de São Paulo suspendió de forma liminar el reglamento aplicado a las escuelas cívico-militares impulsadas por el gobernador Tarcísio de Freitas (Republicanos), al considerar que existen indicios de ilegalidad y un “grave potencial discriminatorio” en las normas establecidas. La decisión fue adoptada por la jueza Paula Narimatu de Almeida tras una acción presentada por el Ministerio Público y la Defensoría Pública del estado, que cuestionaron la forma en que la Secretaría Estatal de Educación (Seduc) elaboró el reglamento del Programa Escuela Cívico-Militar. La magistrada ordenó suspender la aplicación de las reglas en un plazo de 48 horas y fijó una multa diaria en caso de incumplimiento.
El eje central del fallo es la posible vulneración del principio de gestión democrática de la enseñanza pública, garantizado por la Constitución brasileña y por la Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB). Según la resolución, el reglamento fue elaborado de manera unilateral por la Seduc sin la participación formal de los consejos escolares, órganos colegiados que representan a docentes, estudiantes y familias. Para la jueza, existe plausibilidad jurídica en el argumento de que esta omisión vulnera la legalidad y usurpa competencias previstas en la normativa educacional.
Otro punto crítico señalado por la Justicia es el contenido disciplinario del reglamento. Las normas establecen restricciones específicas sobre la apariencia personal de los estudiantes. Entre otras disposiciones, prohíben a los alumnos varones cortes de cabello con diseños, símbolos o colores llamativos, así como el uso de barba o bigote; en el caso de las alumnas, se exige llevar el cabello recogido y limitar el uso de accesorios. Para la magistrada, estas reglas pueden generar impactos desproporcionados sobre determinados grupos y configurar discriminación indirecta.
La decisión advierte que expresiones culturales afrobrasileñas —como trenzas tradicionales o peinados característicos— podrían verse afectadas por la exigencia de “colores naturales” y “tonalidades discretas”. Asimismo, señala posibles afectaciones a estudiantes LGBTQ+, cuyas expresiones de identidad de género podrían no ajustarse a los patrones tradicionales. En este contexto, el fallo menciona la posible infracción del Estatuto da Igualdade Racial y de garantías constitucionales vinculadas a la igualdad y la no discriminación.
La resolución aclara que la suspensión no impide la continuidad de las actividades escolares ni la presencia de policías militares en funciones de apoyo a la seguridad y promoción de la cultura de paz. La gestión pedagógica y el contenido curricular continúan bajo responsabilidad exclusiva del cuerpo docente, según sostuvo la propia Secretaría de Educación.
Desde el Ejecutivo estatal, la Procuraduría General del Estado de São Paulo informó que analizará la medida judicial para definir eventuales recursos. La Seduc afirmó que el programa fue implementado tras consultas públicas con participación de la comunidad escolar, aunque no respondió directamente a los cuestionamientos sobre la ausencia de deliberación formal de los consejos de escuela en la elaboración del reglamento.
El modelo de escuelas cívico-militares ha sido promovido en Brasil como una estrategia para reforzar disciplina y desempeño académico. Durante el gobierno de Jair Bolsonaro, el Ministerio de Educación impulsó su expansión a nivel nacional. Sin embargo, investigaciones académicas de instituciones como la Universidade de São Paulo y la Universidade Federal do Rio de Janeiro han señalado que no existen evidencias concluyentes de que la militarización mejore el rendimiento escolar, y han advertido sobre tensiones con los principios de autonomía y pluralidad pedagógica.
Asimismo, organizaciones como Human Rights Watch han alertado en informes regionales sobre el riesgo de que políticas educativas con sesgo disciplinario estricto afecten derechos fundamentales si no se aplican con salvaguardas claras de igualdad y participación democrática.
La decisión judicial en São Paulo reabre el debate sobre los límites entre disciplina institucional y respeto a la diversidad cultural y de género en el ámbito educativo. El análisis de fondo de la acción determinará si el reglamento podrá ser reformulado para adecuarse al marco constitucional o si se consolidará un precedente que delimite el alcance normativo de este tipo de programas en Brasil.
