El presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica, social y ambiental en Córdoba ante la grave crisis climática provocada por intensas lluvias y el desbordamiento del río Sinú, que ha inundado hogares en lugares como Cotocá Arriba en Lorica, afectando en un comienzo a unas 200 familias que carecen de alimentos, ropa y refugios dignos. Líderes locales como Everto Hernández describieron la situación como inédita y piden ayuda urgente en medio de condiciones inhumanas. Esta medida se extendió rápidamente a otros 7 departamentos inicialmente, y luego a 22 en total según el ministro del Interior Armando Benedetti, quien visitó Montería para coordinar respuestas ante más de 69 mil familias damnificadas en 104 municipios de 16 regiones reportadas por la UNGRD.

La emergencia económica generó un intenso debate político, con el Gobierno solicitando a la Corte Constitucional levantar la suspensión provisional de un decreto previo para reactivar recursos, argumentando una «tragedia inesperada» con 14 fallecidos, nueve mil viviendas destruidas y ya 300 mil fectados solo en Córdoba y Sucre. Petro y Benedetti defendieron la estrategia, enfatizando que permite crear nuevos ingresos vía impuestos en lugar de limitarse a traslados presupuestales del decreto de desastre vigente, y acusaron a congresistas locales de hundir leyes de financiamiento que agravaron la crisis. Críticas opositoras, como las de la candidata Claudia López, cuestionaron el uso de la emergencia para revivir gravámenes suspendidos, mientras gobernadores pidieron priorizar recursos no ejecutados de regalías en vez de nuevos impuestos.

Entre las medidas anunciadas destacan un impuesto al patrimonio de grandes empresas con patrimonios líquidos superiores a 10 mil millones de pesos (2,7 millones de dólares), con un 0,6% hasta 31 mil millones (8,4 millones de dólares) y 1,2% después, dirigido a unas 15 mil compañías «ricas no endeudadas», según el ministro de Hacienda Germán Ávila, para recaudar al menos 8 billones de pesos (dos mil 180 millones de dólares) destinados a compensaciones que bajen tasas de interés para agroindustria y pequeños productores en zonas como Urabá y la Mojana. Además, se incluyeron tributos a juegos de azar e inversiones forzosas al sistema financiero, con Petro comparándolos favorablemente a tasas pasadas de hasta 4,8% en emergencias anteriores. En este contexto de polarización, la ola invernal por frentes fríos persiste, demandando acción inmediata mientras el Ejecutivo busca herramientas excepcionales para reconstrucción y alivio humanitario.