El presidente Gustavo Petro denunció públicamente un presunto intento de asesinato mientras se desplazaba en helicóptero hacia el departamento de Córdoba. La seguridad de la aeronave habría sido comprometida, lo que lo obligó a modificar su trayecto para evitar un ataque. La afirmación se dio en un contexto de reiteradas advertencias del mandatario sobre riesgos contra su integridad, y derivó en la activación de revisiones internas en los esquemas de seguridad. En ese marco, el Gobierno dispuso el retiro del general Edwin Urrego, tras conocerse sospechas sobre un posible complot que habría puesto en riesgo la seguridad presidencial. La decisión fue justificada como una medida preventiva sustentada en reportes de inteligencia. La salida del alto oficial generó un inmediato impacto político y reavivó el debate sobre la relación entre el Ejecutivo y sectores de las Fuerzas Militares.

La controversia se profundizó con las reacciones de oficiales retirados, quienes defendieron la trayectoria profesional de Urrego y cuestionaron que su desvinculación se produjera a partir de señalamientos no probados judicialmente. Estas voces advirtieron sobre el efecto que este tipo de decisiones puede tener en la confianza interna y en la percepción de estabilidad dentro de la institución militar. Desde el Gobierno, el ministro del Interior Armando Benedetti respaldó la actuación presidencial y sostuvo que cualquier información que sugiera un riesgo para el jefe de Estado debe ser tratada con la máxima seriedad. En ese contexto, vinculó el episodio con un presunto intento de afectar la reunión internacional de alto nivel entre Petro y Donald Trump, lo que añadió una dimensión política y diplomática más amplia al conflicto.