El gobierno de Mark Carney presentó el 17 de febrero la primera estrategia industrial de defensa del país como una pieza de política económica y de seguridad a la vez: no sólo para “rearmar” capacidades, sino para reordenar el gasto público hacia proveedores y materiales nacionales y así ganar “autonomía estratégica”. En la arquitectura oficial, el corazón es el marco “Build–Partner–Buy”: construir en Canadá cuando exista capacidad soberana, asociarse con aliados cuando convenga, y comprar afuera con condiciones que obliguen reinversión, empleo y control operativo canadiense. En ese marco, Ottawa fija metas ambiciosas para la próxima década, como elevar al 70% la proporción de contratos de defensa adjudicados a firmas “canadienses” (desde un 43% actual) y mejorar la disponibilidad operativa del material: 75% de los buques de la marina, 80% de los vehículos del ejército y 85% de las aeronaves, frente a niveles actuales de 68%, 51% y 42% respectivamente.
El anuncio se produce en la sombra de una ofensiva de Washington para consolidarse como proveedor preferente de armamento entre aliados, tras una orden ejecutiva de Donald Trump orientada a acelerar transferencias y ventas. Esa tensión atraviesa la discusión doméstica: los conservadores cuestionan que esa reducción se traduce en la idea de que la mayor parte de las compras debe volcarse a proveedores domésticos, aun si eso limita opciones, encarece plazos y reduce disponibilidad inmediata. En un contexto de deterioro de la seguridad internacional y aumentos acelerados del gasto, sostienen que pagar más por menos no sólo debilita la fuerza, sino que también distorsiona la economía al desviar recursos de sectores competitivos y agrandar el riesgo de demoras y sobrecostos. A su vez, expertos advierten que el éxito del objetivo “70%” depende de una pregunta incómoda: qué cuenta como empresa canadiense en un sector dominado por subsidiarias de gigantes estadounidenses.
Un día después, el 18 de febrero, Immigration, Refugees and Citizenship Canada anunció cambios en Express Entry (visa rápida) que funcionan como complemento laboral de esa estrategia: además de una vía para médicos extranjeros con experiencia canadiense, se crean categorías para investigadores y altos directivos, para ocupaciones de transporte (pilotos, mecánicos e inspectores) y para reclutas militares extranjeros altamente calificados con oferta de la Fuerza Aérea Canadiense. La ministra Lena Metlege Diab lo enmarcó en una lógica de “contribuir desde el primer día” y de volver la inmigración a niveles “sostenibles”.
