El 18 de febrero, Canadá y Ucrania acordaron en París una asociación energética para sostener la red ucraniana bajo ataque y, al mismo tiempo, abrir una ventana de negocios para firmas canadienses. El entendimiento se realizó al margen de la reunión ministerial de la International Energy Agency y apunta a destrabar el envío de equipamiento petrolero y gasífero en condiciones concesionales, impulsar inversiones en renovables y reconstrucción hidroeléctrica, y coordinar ejercicios contra amenazas “híbridas” a infraestructura crítica. Si bien no es un acuerdo jurídicamente vinculante, fija el marco político para que el sector privado ingrese en negociaciones. El ministro Tim Hodgson lo resumió con la frase: “no es sólo reconstrucción es modernización bajo presión”.
En paralelo, la canciller Anita Anand anunció un giro con Siria: Canadá enmendó las sanciones bajo el régimen de “medidas económicas especiales” para levantar prohibiciones amplias vigentes desde 2011, aliviar restricciones a importación/exportación, inversiones y servicios financieros (incluidos rubros sensibles como monitoreo de telecomunicaciones y transacciones petroleras) y remover 24 entidades y una persona del listado, con el argumento de reducir trabas a la recuperación. Pero el mensaje no es “borrón y cuenta nueva”: el Ministro de Asuntos Exteriores de Canadá incorporó nuevos criterios de designación y, al mismo tiempo, sancionó a seis individuos por violaciones graves de derechos humanos o por socavar la paz y estabilidad —una forma de combinar reapertura económica selectiva con castigo dirigido.
