El debate en torno al salario mínimo para 2026 ha desencadenado una serie de movilizaciones y tensiones institucionales que marcaron el inicio del año. A finales de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro decretó un aumento del salario mínimo legal mensual vigente para el año 2026 con un incremento de 23,7 %, llevando el ingreso con auxilio de transporte a alrededor de 2 millones de pesos (540 dólares). La decisión fue presentada por el Gobierno como la implementación de un “salario mínimo vital”, con argumentos de justicia social y adecuación al coste de vida de los hogares colombianos.

La medida generó cuestionamientos desde sectores políticos de oposición y del ámbito económico. Partidos como el Centro Democrático y Cambio Radical criticaron el procedimiento utilizado por el Ejecutivo y solicitaron espacios institucionales de réplica, mientras gremios empresariales cuestionaron la decisión del Gobierno y alertaron sobre posibles impactos en inflación, empleo y finanzas públicas. En paralelo, la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) celebró el anuncio del aumento del salario mínimo destacando que “este gobierno sí atiende a los trabajadores”. En este contexto, opositores presentaron demandas ante el Consejo de Estado, el máximo tribunal administrativo del país, cuestionando la validez técnica y jurídica del decreto presidencial.

En los últimos días, el Consejo de Estado emitió una decisión cautelar que suspendió provisionalmente la vigencia del decreto original, al considerar que el Gobierno no había fundamentado adecuadamente el incremento de acuerdo con los parámetros legales establecidos por la legislación laboral colombiana. Esta decisión judicial obligó al Ejecutivo a expedir un nuevo decreto transitorio en un plazo perentorio, en el que debía sustentar de manera explícita los criterios técnicos que respaldan la cifra decretada.

La respuesta del Gobierno fue rápida y en un acto público en la Plaza de Bolívar de Bogotá, donde el presidente Petro firmó un nuevo decreto que mantiene el aumento del salario mínimo en el 23,7 %, según lo decretado originalmente. Durante su intervención, subrayó que la decisión busca defender “la dignidad de los trabajadores y de sus hogares”, y señaló que el documento presentado ante el Consejo de Estado incluye estudios económicos adicionales para cumplir con los requisitos exigidos por el fallo judicial. Las marchas convocadas por el presidente se realizaron en varias ciudades del país, con una presencia significativa de trabajadores, sindicatos y simpatizantes del Gobierno, quienes expresaron su respaldo al llamado a defender el salario mínimo vital y rechazaron la suspensión ordenada por el Consejo de Estado.