El gobierno de Estados Unidos, bajo la administración del presidente Donald Trump, revocó las visas a tres funcionarios chilenos del gobierno de Gabriel Boric —incluido el ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz— y a sus familiares directos, acusándolos de dirigir, autorizar o financiar actividades que comprometieron infraestructura crítica de telecomunicaciones y socavaron la seguridad regional en el hemisferio; el anuncio lo realizó el secretario de Estado, Marco Rubio, el 20 de febrero, en un comunicado que reafirma el compromiso de Washington por proteger sus intereses nacionales y critica el «legado empañado» de Boric, mientras Chile citó al embajador estadounidense para rechazar las imputaciones.
Boric rechazó enfáticamente el retiro de visas. Desde Isla de Pascua, Boric afirmó que «nuestro gobierno jamás ha realizado algún tipo de actividad que socave la seguridad ni de Chile ni de ningún otro país», calificó la medida como «arbitraria, unilateral y sorpresiva», descartó cualquier amenaza hemisférica y anunció que el canciller Alberto van Klaveren llamó a consulta al embajador estadounidense Brandon Judd para exigir explicaciones.
