El jueves 19 de febrero la Asamblea Nacional aprobó en sesión ordinaria y de manera unánime la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática. Finalmente pudo aprobarse esta normativa luego de que la semana anterior se pospusiera el segundo debate parlamentario para la aprobación final. En esta sesión fueron aprobados los artículos que habían generado debates y miradas divergentes como ser el artículo 7 quedando establecida la posibilidad de que las personas fuera del territorio y puedan ser objeto de amnistías tengan la opción de ser representados por un apoderado judicial para ponerse a derecho, de manera excepcional. Por su parte, el artículo 8 define los 13 hechos contemplados en esta Ley entre los que se destacan los intentos de golpe de Estado de 2002, el paro y sabotaje petrolero de 2003 y los hechos violentos que le sucedieron en 2004, las acciones de desconocimiento de las instituciones y autoridades públicas por parte de la Asamblea Nacional durante el período 2016-2020 y “las guarimbas”  (cortes de calles y manifestaciones violentas) realizadas en 2013, 2014 y 2017.

No obstante, el artículo 9 aclara determinados actos que quedarán excluidos de amnistía como ser la promoción de acciones armadas o de fuerza contra el pueblo, las acciones que constituyan delitos como violaciones graves a los derechos humanos, delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra, conforme al artículo 29 de la constitución. Así como también los homicidios, lesiones graves y tráfico de estupefacientes.

Para desarrollar mecanismos y asegurar el cumplimiento de la ley el artículo 15 establece que la Asamblea Nacional designará una comisión especial en colaboración con los órganos del sistema de justicia. Una vez aprobada la Ley fue remitida al Ejecutivo en donde la Presienta encargada Delcy Rodríguez la firmó para dar paso a su promulgación y ejecución. Rodríguez declaró que con la sanción de esta ley se abre una nueva etapa en la vida del país, reordenando la convivencia democrática y la justicia para sanar las heridas.