El Congreso Nacional trató cuatro proyectos durante el miércoles, el jueves y el viernes: la Cámara de Diputados trató la Ley de Movilidad Jubilatoria, y la Cámara de Senadores trató la Ley de Financiamiento Universitario, la Ley de Boleta Única de Papel y la derogación del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que giraba 100 millones de dólares para fondos reservados de inteligencia.
El proyecto que más repercusiones generó y marcó el pulso de la semana política fue el de Movilidad Jubilatoria. Según la Constitución, toda ley aprobada por el Congreso puede ser vetada por el Poder Ejecutivo. Si se avanza con el veto, el Congreso puede insistir con la aprobación del proyecto, pero para ello debe refrendarlo con los votos afirmativos de las dos terceras partes de ambas cámaras legislativas. El proyecto mencionado ya había sido aprobado en junio de este año por diputados, luego aprobado por senadores en agosto, y vetado por el presidente Javier Milei el 2 de septiembre. Este miércoles, la Cámara de Diputados se encaminaba a defender la ley con el voto afirmativo de las dos terceras partes como ordena la carta magna, pero un grupo de cinco legisladores de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunieron con el presidente y decidieron cambiar su voto en un polémico movimiento. De esta manera, la ley que actualizaba los haberes jubilatorios para que pudieran emparentarse con los índices de inflación, no logró reunir los votos necesarios para anular el veto presidencial.
Mientras la sesión se desarrollaba en el palacio legislativo, organizaciones sociales, sindicales, políticas y de derechos humanos se concentraron masivamente en las inmediaciones del Congreso. La concentración fue duramente reprimida por las fuerzas de seguridad a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Además de varios jubilados heridos, una niña de 10 años resultó “gaseada” por la policía. El gobierno intentó montar una operación mediática culpando a los manifestantes, pero varios registros audiovisuales mostraron la escena en la que un policía tiró gas lacrimógeno hacía la cara de la niña y su madre que se encontraban sentadas, en una posición de resistencia no violenta. La escena generó un repudió social generalizado y el “fantasma” de la conflictividad volvió a la agenda. El jueves, en el palacio legislativo de la provincia de Santa Fe, se vieron imágenes similares. Los enfrentamientos se dieron en manifestaciones en varios puntos del país, no solo en la Capital.
Durante el jueves y el viernes, en una larga sesión, el Senado aprobó la Boleta Única de Papel (reemplazando la histórica lista sábana), un proyecto que había ingresado en el ocaso de la gestión de Alberto Fernández y que el actual oficialismo tomó. El peronismo se opuso, pero el proyecto quedó aprobado. No obstante, lejos se estuvo de la reforma electoral que el oficialismo pretendía al comenzar su mandato y esta ley no pareciera ser un dolor de cabeza para la oposición peronista.
Uno de los dos platos fuertes de la sesión en la Cámara alta fue la aprobación del Financiamiento Universitario, que insta al Poder Ejecutivo Nacional a actualizar cada dos meses y por inflación tanto los salarios como los recursos para el funcionamiento de las casas de altos estudios. El gobierno ya hizo trascender que vetará la ley, pero teme que esto motive a una masiva movilización como la sucedida en abril, con puntos en todas las ciudades del país y que marcó un antes y un después en la agenda.
El otro eje nodal fue la derogación del DNU que giraba 100 millones de dólares para fondos reservados a la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE). Cabe hacer otra aclaración, según la Constitución, todo DNU del Poder Ejecutivo rige con fuerza de ley a menos que sea derogado por el Poder Judicial (que tiene poder de veto total y parcial) o el Poder Legislativo (que sólo tiene poder de veto total). Para garantizar la derogación, debe ser rechazado por las dos cámaras legislativas, en este caso, solo faltaba el voto de Senadores. La SIDE, manejada en las sombras por el asesor presidencial Santiago Caputo, es acusada de desarrollar inteligencia contra opositores o disidentes internos del oficialismo, así como financiar un “ejército de trolls” en redes sociales direccionadas a hostigar las disidencias. Es la primera vez en la historia, desde que los DNU fueron incorporados a la Constitución nacional, que el Congreso le rechaza esta herramienta a un presidente. El gobierno se manifestó mediante un fuerte comunicado donde condenó como “irresponsable” la derogación y culpó a los legisladores –a modo de amenaza– por cualquier situación que pueda acontecer.
