La disputa por los aranceles de Donald Trump dejó de ser solo una discusión de comercio exterior y pasó a convertirse en un problema judicial, fiscal y político. El punto de quiebre llegó el 20 de febrero, cuando la Corte Suprema de Estados Unidos resolvió por 6 votos contra 3 que Trump no podía usar la International Emergency Economic Powers Act (IEEPA) para imponer aranceles globales de la manera en que lo había hecho. En términos simples, el tribunal dijo que el presidente había invadido un terreno que la Constitución y las leyes reservan principalmente al Congreso: la facultad de fijar gravámenes amplios sobre las importaciones. La Casa Blanca respondió rápido: dio de baja parte del esquema anterior, pero dejó en pie otros aranceles y lanzó un nuevo recargo global temporario del 10% al amparo de la sección 122 de la Trade Act de 1974, una herramienta con límites de tiempo.
Como esos aranceles anulados ya habían sido cobrados, ahora se abrió la discusión sobre cómo devolverlos. Esta semana, el juez Richard Eaton, de la Court of International Trade, ordenó avanzar con un mecanismo de reembolso para importadores y convocó a las partes a una conferencia para organizar ese proceso. Las estimaciones sobre el monto en juego son enormes: hasta 182 mil millones de dólares, mientras otros documentos judiciales trabajan con una cifra en torno a 175 mil millones. Detrás de ese número hay miles de demandas potenciales y cientos de miles de empresas importadoras, muchas de ellas pequeñas y medianas, que pagaron tributos que ahora la Justicia considera ilegales.
Por último, un grupo de 24 estados demandó esta semana al gobierno federal para frenar el nuevo arancel global del 10%, con el argumento de que Trump está intentando reconstruir por otra vía una política que la Corte Suprema ya había limitado. Los fiscales sostienen que la sección 122 no habilita este uso expansivo del poder presidencial y recuerdan que, aun cuando esa norma permite medidas temporarias, está pensada para situaciones muy específicas de desequilibrio en pagos internacionales.
