En una nueva avanzada contra el correísmo, un juez del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) determinó la suspensión de la Revolución Ciudadana (RC) del Registro de Organizaciones Políticas por un periodo de nueve meses. La sanción se fundamenta en supuestas irregularidades relacionadas con el manejo de fondos, específicamente por el uso indebido de la denominada «caja chica» de la organización.
Esta medida inhabilita temporalmente al movimiento liderado por el expresidente Rafael Correa, impidiéndole realizar actos administrativos y proselitistas oficiales mientras dure la sanción.
La temporalidad de la sanción es el punto de mayor fricción, ya que el plazo coincide con etapas críticas de la organización interna para las elecciones seccionales de febrero de 2027. Diversos analistas y medios señalan que, de mantenerse en firme, la RC podría quedar fuera de la contienda electoral por los gobiernos locales, al verse impedida de inscribir candidatos o realizar elecciones primarias dentro de los tiempos legales establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). Esta situación dejaría a la organización sin representación en municipios y prefecturas provinciales, alterando drásticamente el equilibrio de poder en el país.
La respuesta del correísmo no se hizo esperar. El movimiento presentó formalmente un pedido de nulidad de la sentencia ante el pleno del TCE, argumentando que el fallo vulnera sus derechos de participación política. Paralelamente, la dirigencia de la RC presentará una denuncia ante la Fiscalía General del Estado (FGE) en contra del juez que dictó la suspensión, alegando posibles irregularidades en el proceso judicial. Los líderes del movimiento han sido enfáticos al declarar que, a pesar del bloqueo administrativo, buscarán los mecanismos legales para asegurar su participación en los próximos comicios para los gobiernos locales. No obstante, el CNE ha declarado que la decisión del TCE ya se encuentra “ejecutoriada”.
Ante lo que considera una persecución política y un intento de proscripción, el correísmo anunció que recurrirá a instancias internacionales. La defensa del partido planea elevar el caso ante organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y las Naciones Unidas, buscando medidas cautelares que frenen la suspensión. Esta internacionalización del conflicto busca presionar al Estado ecuatoriano bajo el argumento de que se está coartando el derecho de millones de ciudadanos a elegir a sus representantes y el derecho de la principal fuerza de oposición a participar de manera libre en el próximo proceso electoral.
