El Congreso Nacional de Honduras destituyó al fiscal general Johel Zelaya la noche del miércoles 25 de marzo, mediante un juicio político, el primero aplicado a un alto funcionario en el país. La medida fue aprobada con 93 votos a favor, superando los 86 requeridos, con el respaldo de cuatro bancadas legislativas.

La destitución de Zelaya, vinculado al Partido LIBRE, se basó en acusaciones de actuaciones de supuesta “negligencia, incapacidad e irregularidades en su gestión”. Entre los señalamientos se incluyó la supuesta manipulación de la justicia y abuso de poder dentro del Ministerio Público. Asimismo, se lo acusó de realizar acciones dirigidas contra autoridades del Consejo Nacional Electoral (CNE) y del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), especialmente en el contexto previo a las elecciones generales de 2025.

El exfiscal, quien había sido ratificado en 2024 para un período hasta 2030, defendió su inocencia y anunció posibles acciones legales tras su destitución. Tras la decisión del Congreso, se juramentó a Pablo Emilio Reyes Theodore —vinculado al Partido Nacional— como fiscal general interino, quien asumirá el cargo hasta completar el período. Reyes es un abogado cuya carrera se ha desarrollado principalmente en el ámbito privado.

En paralelo, la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Rebeca Ráquel Obando, presentó su renuncia el miércoles 25 de marzo para evitar un juicio político. En su carta, argumentó que reformas legislativas recientes limitaron sus atribuciones al trasladar funciones al pleno de la Corte. El Congreso aceptó su dimisión con más de 90 votos. Ese mismo día, el legislativo nombró a Wagner Vallecillo, vinculado al Partido Liberal, como presidente interino de la Corte Suprema de Justicia.

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