El estado de Río de Janeiro atraviesa una crisis política e institucional que derivó en la necesidad de elegir un nuevo gobernador de manera indirecta, en medio de disputas judiciales y tensiones entre poderes. El proceso se activó tras la renuncia del gobernador Cláudio Castro, en vísperas de un fallo del Tribunal Superior Electoral (TSE) que finalmente confirmó su condena e inhabilitación por abuso de poder político y económico en la campaña de 2022. La salida de Castro se produjo en un contexto de “doble vacancia”, ya que el cargo de vicegobernador también estaba libre luego de la renuncia previa de Thiago Pampolha para asumir un puesto en el Tribunal de Cuentas estatal. Este escenario excepcional obligó a activar el mecanismo constitucional que establece la realización de una elección indirecta en la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro (ALERJ) para completar el mandato hasta fines de 2026.
Sin embargo, la propia ALERJ se encuentra atravesada por conflictos internos que complejizan el proceso. El titular del cuerpo legislativo, Rodrigo Bacellar, estaba suspendido por decisión del Supremo Tribunal Federal en el marco de una investigación judicial, lo que alteró la línea de sucesión y generó disputas sobre quién debía asumir interinamente el Ejecutivo. En ese marco, el presidente del Tribunal de Justicia de Río de Janeiro, Ricardo Couto de Castro, pasó a ejercer como gobernador interino mientras se organiza la elección.
La crisis se profundizó cuando la Asamblea intentó elegir nuevas autoridades para encauzar la sucesión. Un sector impulsó la designación del diputado Douglas Ruas como presidente del cuerpo —lo que lo colocaría en la línea directa para asumir el gobierno—, pero la decisión fue posteriormente anulada por la Justicia, que ordenó revisar la composición parlamentaria antes de validar cualquier elección interna.
El conflicto combina factores judiciales, políticos y administrativos: la anulación de mandatos, las investigaciones por corrupción, la disputa por el control legislativo y la proximidad del calendario electoral de 2026, donde distintos actores buscan posicionarse. La elección indirecta del nuevo gobernador se vuelve así un punto estratégico, ya que quien asuma tendrá visibilidad y capacidad de gestión en un año clave previo a los comicios generales.
En este contexto, la resolución de la crisis depende tanto de decisiones judiciales —que continúan reconfigurando la estructura de poder estatal— como de acuerdos políticos dentro de la Asamblea. El desenlace definirá no solo la conducción del estado en el corto plazo, sino también el equilibrio de fuerzas de cara a las elecciones regionales y nacionales previstas para octubre de 2026.
