Bajo el paraguas del Poder Judicial, la semana dejó dos problemas distintos pero conectados para la administración Trump. Por un lado, la Casa Blanca avanzó sobre la autonomía del Departamento de Justicia con una definición especialmente explícita: el fiscal general interino, Todd Blanche, sostuvo el 7 de abril que el presidente tiene no sólo el “derecho” sino también el “deber” de influir en investigaciones federales. Por otro lado, un juez federal bloqueó el intento de cancelar el Estatus de Protección Temporal para más de cinco mil etíopes, en otro revés para la estrategia migratoria del gobierno. Vistos juntos, ambos episodios muestran una tensión central del momento: el Ejecutivo busca ampliar su margen de control sobre la maquinaria judicial, pero sigue encontrando límites cuando intenta traducir esa lógica en decisiones administrativas concretas.

El frente más delicado es el del propio Departamento de Justicia (DOJ). La declaración de Blanche no fue un matiz técnico sino una definición política de fondo, porque rompe con la idea tradicional de cierta separación entre la Casa Blanca y las investigaciones penales federales. Frente a esto una coalición de 20 fiscales generales demócratas objetó una nueva regla del DOJ que, según ellos, permitiría al departamento revisar, frenar o demorar investigaciones disciplinarias estatales contra sus propios abogados. En otras palabras, la discusión ya no es sólo si Trump puede empujar pesquisas contra adversarios, sino también si el propio Departamento podrá blindarse frente a mecanismos externos de control profesional y ético.

El caso de los etíopes muestra el otro costado del problema: incluso cuando el gobierno intenta avanzar por vía administrativa en materia migratoria, los tribunales siguen exigiendo procedimientos y fundamentos que la Casa Blanca no siempre está respetando. El juez federal Brian Murphy, en Boston, bloqueó la cancelación del TPS (Temporary Protected Status) al considerar que la administración no siguió adecuadamente el esquema fijado por el Congreso y que la revisión de las condiciones en Etiopía no fue genuinamente objetiva. El fallo demuestra que parte de la agenda migratoria puede tropezar no sólo con oposición política, sino con errores de procedimiento del Poder Ejecutivo.