La violencia de pandillas en Haití continúa forzando un desplazamiento masivo de población en el departamento de Artibonite —principal zona agrícola del país y nuevo epicentro de enfrentamientos—, tras la masacre perpetrada a fines de marzo, en la cual ataques coordinados atribuidos al grupo armado Gran Grif dejaron entre 42 y 70 muertos. Según datos humanitarios actualizados al 6 de abril, al menos 13 mil personas (más de tres mil 300 hogares) han sido desplazadas en la región, en su mayoría acogidas por familias anfitrionas, mientras otras se distribuyen en al menos 16 sitios de desplazamiento, varios de ellos de reciente creación.

El recrudecimiento de la violencia coincide con la fase inicial del despliegue de la nueva Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF), una misión multinacional respaldada por Naciones Unidas que busca reemplazar al anterior esquema de apoyo internacional. A comienzos de abril arribaron los primeros contingentes, incluyendo tropas procedentes de Chad, en el marco de una fuerza que aspira a alcanzar los cinco mil 500 efectivos, aunque no se espera su plena operatividad hasta el último trimestre de 2026. Este periodo de transición —marcado por la retirada progresiva de efectivos kenianos de la misión previa y el despliegue incompleto de la nueva fuerza— es identificado por analistas como una ventana de oportunidad para la expansión territorial de las pandillas.

            Más de 6,4 millones de personas requieren asistencia, mientras el número de desplazados internos supera los 1,4 millones, en niveles comparables a los registrados tras el terremoto de 2010. La crisis afecta de forma particular a la infancia: se estima que los menores representan hasta el 50% de los integrantes de pandillas, en un contexto de reclutamiento forzado y colapso del tejido social.