El gobierno de Columbia Británica tuvo que retroceder en su intento de suspender partes de la Declaration on the Rights of Indigenous Peoples Act —DRIPA—, la ley provincial que desde 2019 busca alinear la legislación local con la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. El premier David Eby había planteado que ciertos fallos judiciales recientes, en especial sobre títulos territoriales y régimen minero, abrían un riesgo legal amplio para la provincia y justificaban una pausa temporal en algunos artículos de la norma.

A principios de abril, la propuesta provocó una reacción inmediata de líderes indígenas, que la leyeron como un retroceso unilateral en el proceso de reconciliación y como una forma de neutralizar obligaciones legales sobre consulta, consentimiento y derechos territoriales. El First Nations Leadership Council (Consejo de Liderazgo de las Primeras Naciones) calificó la suspensión como una traición al espíritu con el que DRIPA había sido aprobada por unanimidad en 2019, y advirtió que dejar sin efecto partes centrales de la ley aumentaría, no reduciría, la incertidumbre política y jurídica.

Finalmente, David Eby y el Consejo de Liderazgo de las Primeras Naciones emitieron una declaración conjunta: el gobierno no presentará en esta sesión legislativa ningún proyecto para suspender o modificar DRIPA ni las disposiciones vinculadas en la Interpretation Act. En lugar de imponer una reforma, la provincia se comprometió a abrir una negociación con líderes indígenas antes de la sesión de otoño. El episodio deja expuesta una tensión que atraviesa a Canadá y países del continente: cómo compatibilizar desarrollo económico, seguridad jurídica y proyectos extractivos con el reconocimiento efectivo de derechos indígenas.