Entre el 20 y el 23 de abril se desarrollaron en Ciudad del Este la III Reunión de Coordinadores de Redes Especializadas y Grupos de Trabajo y la XVII Reunión del Comité Ejecutivo de la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos (AIAMP). En este contexto, también se realizó la XXXIX Reunión Especializada de Ministerios Públicos del Mercosur (REMPM).
Los eventos reunieron a fiscales y expertos de países americanos y europeos, vinculados a redes permanentes para el abordaje de delitos complejos: Narcotráfico, Trata de Personas, Ciberdelincuencia, Corrupción, Cooperación Penal, Medioambiente, Justicia Juvenil y Finanzas Criminales, entre otros.
La participación europea incluyó al coordinador del Proyecto Legal Fast de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Antonio Valverde, y al Director del Programa de la Unión Europea para fortalecer la lucha contra el Crimen Organizado en América Latina y el Caribe, conocido como el PACCTO 2.0, Javier Samper Orgilés. También participó la Fiscalía Federal de Bélgica, representada por la fiscal federal Evi Franco y su colega Stefaan Ghesquiere.
La agenda culminó con la “Declaración de Ciudad del Este”, que plantea el objetivo de fortalecer la respuesta coordinada frente a fenómenos criminales de carácter transnacional. La actividad fue bienvenida por el presidente del país, Santiago Peña. En su intervención, el mandatario destacó el “valor simbólico” de que estos encuentros se desarrollen en la triple frontera entre Paraguay, Brasil y Argentina y señaló que su país quiere consolidarse “como un epicentro de articulación en la lucha contra el crimen organizado”. Además, destacó la sede elegida como “un poderoso mensaje a la comunidad internacional de que estamos tomando en serio la lucha contra la criminalidad en esta zona”.
Mientras tenía lugar el cierre de la reunión, la CIDH dio a conocer su Informe Anual 2025, en el que alertó sobre la presencia e influencia en Paraguay de grupos criminales como el Primer Comando da Capital (PCC) o el Clan Rotela; y señaló que informes periodísticos “describen la infiltración de redes de narcotráfico en la Fiscalía y en el ámbito político”, lo que —según el informe— «ha interferido en investigaciones y favorecido la impunidad».
