Desde la medianoche del 1 de mayo entraron en vigor los aranceles del 100% impuestos por Ecuador a la mayoría de las importaciones provenientes de Colombia, con excepciones específicas para importaciones petroleras y de generación energética, el punto más álgido de la guerra comercial iniciada en febrero. La medida, formalizada mediante resolución del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador del 9 de abril, fue justificada por el Ministerio de Producción, Comercio Exterior e Inversiones señalando que Colombia no ha adoptado “medidas concretas y efectivas” para mejorar la seguridad en la frontera común de 600 kilómetros. Según proyecciones del Ministerio de Comercio colombiano, el arancel del 100% provocaría una caída del 79% en las exportaciones colombianas a Ecuador y del 75% en las importaciones ecuatorianas desde Colombia.
Colombia respondió el 28 de abril con la firma del Decreto 0455, que establece aranceles escalonados del 35%, 50% y 75% a 191 productos ecuatorianos en función del grado de producción y abastecimiento interno de cada bien. La ministra de Comercio, Diana Morales, explicó que la medida busca proteger la industria nacional sin afectar las cadenas productivas que dependen de insumos importados, por lo que los bienes esenciales sin sustitutos locales quedan con arancel cero. La medida tiene carácter temporal y regirá mientras Ecuador mantenga su “tasa de seguridad”, vigente desde febrero en el marco de la crisis fronteriza.
La semana estuvo también marcada por una nueva escalada diplomática: el miércoles 29 de abril el presidente Daniel Noboa acusó a Gustavo Petro de haber impulsado una incursión de guerrilleros colombianos en territorio ecuatoriano, señalamiento que el mandatario colombiano rechazó calificándola de “mentiras” y proponiendo un encuentro fronterizo para “construir la paz”. La profundización del conflicto revela el agotamiento de los mecanismos de diálogo bilateral y la consolidación de una lógica de escalada recíproca en la que cada medida unilateral genera una respuesta equivalente.
Empresarios, exportadores y trabajadores de zonas fronterizas han instado a ambos presidentes a negociar soluciones que no sacrifiquen el intercambio comercial en aras de la agenda de seguridad. El conflicto arrastra además una dimensión energética acumulada desde el inicio de la crisis: Colombia suspendió la venta de energía eléctrica a Ecuador, que a su vez elevó de tres a 30 dólares la tarifa por transportar crudo colombiano a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano, ampliando progresivamente el alcance del enfrentamiento más allá de lo estrictamente comercial.
