Estados Unidos abrió una revisión de los 53 consulados mexicanos que operan en su territorio, una medida que podría derivar en el cierre de algunas oficinas diplomáticas. La decisión aparece en un momento de tensión creciente con México: cooperación en seguridad, violencia ligada al narcotráfico, acusaciones contra funcionarios mexicanos y la insistencia de Washington en reservarse acciones unilaterales contra carteles. El impacto no sería menor: la red consular mexicana es clave para documentación, asistencia legal y protección de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos.

En paralelo, la administración Trump amplió las sanciones contra Cuba y apuntó directamente contra GAESA, el conglomerado empresarial controlado por las Fuerzas Armadas cubanas, y contra Moa Nickel S.A., una empresa minera vinculada al níquel y el cobalto. La medida busca cortar fuentes de divisas, inversión extranjera y financiamiento del Estado cubano. El Tesoro incorporó las designaciones a la lista de sancionados y también emitió licencias y nuevas guías vinculadas al régimen de sanciones sobre Cuba. A raíz de esto, la empresa canadiense Sherritt suspendió su participación directa en operaciones conjuntas en la isla, lo que golpea uno de los pocos espacios relevantes de inversión extranjera que seguían activos.