El gobierno de Rodrigo Paz inició el mes con la activación de múltiples frentes de conflicto simultáneos que abarcaron desde demandas territoriales hasta reivindicaciones laborales y logísticas. Este escenario se manifestó con la convergencia de movilizaciones en la sede de gobierno y un conjunto de bloqueos que amenazó con paralizar el país.
Uno de los frentes más importantes fue la llegada a La Paz de la marcha indígena-campesina tras casi un mes de caminata desde la Amazonía, exigiendo la abrogación de la Ley 1720, que permite la recategorización de tierras rurales. Los manifestantes, que recibieron el respaldo de la Central Obrera Boliviana (COB), establecieron una vigilia en las cercanías de la Asamblea Legislativa Plurinacional, donde se comenzó a evaluar el tratamiento de sus demandas. En respuesta, la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO) rechazó la posible derogación de la normativa en cuestión.
Paralelamente, la conflictividad urbana escaló con la intervención de la COB y el magisterio urbano, quienes tomaron el centro paceño en demanda de un alza salarial acorde a la situación económica. La tensión alcanzó su punto máximo cuando un grupo de dirigentes fabriles y cobistas tomó las instalaciones del Ministerio de Trabajo, lo que derivó en una violenta intervención policial y la posterior aprehensión de líderes sindicales. Los trabajadores fabriles, por su parte, ratificaron un paro indefinido advirtiendo sobre la paralización del aparato productivo nacional como medida de presión ante la falta de respuestas satisfactorias del Ejecutivo.
En el ámbito logístico, el sector del transporte federado activó paros de 24 horas y bloqueos en demanda de una solución definitiva al desabastecimiento de combustibles y la mejora de las carreteras. La situación se agravó con el anuncio de bloqueos indefinidos por parte de la Federación Tupac Katari en las 20 provincias de La Paz y la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) en otros puntos del país, llegando la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC) a registrar más de 50 puntos de conflicto simultáneos. Estos bloqueos no solo afectaron el tránsito de pasajeros, sino que agudizaron la crisis de suministros en las principales ciudades del país.
Ante este escenario, la estrategia de respuesta del gobierno se dividió entre la búsqueda de acuerdos sectoriales y el endurecimiento de la retórica oficial. El Ejecutivo destacó la firma de diez acuerdos en diez días con diversos grupos para fragmentar las protestas, logrando, por ejemplo, que los choferes suspendieran sus medidas tras establecer mesas de trabajo técnicas. No obstante, el discurso oficial también se tornó severo; el vocero presidencial calificó la toma del Ministerio de Trabajo como un acto de «sicariato sindical» y anunció investigaciones fiscales contra la dirigencia de la COB, asegurando que no se permitirían imposiciones violentas sobre la ley. Por su parte el presidente Paz acusó directamente a Evo Morales de orquestar estas movilizaciones con el fin de buscar la «caída de la democracia«, en un intento de deslegitimar el trasfondo económico y social de las demandas.
Finalmente, el primer mandatario intentó elevar la gestión de la conflictividad al plano institucional mediante la propuesta de un «Pacto de Gobernabilidad» y la convocatoria a cumbres sectoriales para resolver las distintas problemáticas de manera estructural. El mandatario instó a romper el “ciclo de confrontación constante” y advirtió que su gestión no cedería ante «caprichos» que buscaran la imposición por la fuerza. Mientras tanto, la persistencia de bloqueos, a pesar de los acuerdos parciales, sugiere que la estrategia gubernamental de contención mediante el diálogo fragmentado aún enfrenta extendidas resistencias en las bases sociales.
