El Fondo Monetario Internacional (FMI) publicó el 4 de mayo las conclusiones preliminares de la “misión” de supervisión de la economía chilena, luego de la visita oficial al país.

En la declaración, el organismo financiero internacional señala que se proyecta un crecimiento del PIB real del orden del 2,2 por ciento para 2026 y del 2,5 por ciento para 2027. Esto implica un recálculo a la baja en relación con ambos períodos, luego de que en abril sus estimaciones fueran de 2,4 y 2,6, respectivamente. Por otro lado, la misión también informa que las proyecciones se realizan “bajo el supuesto de una mejora en las condiciones externas y una consolidación fiscal gradual”.

En este contexto, el informe plantea que “las perspectivas de crecimiento para 2026–27 cuentan con el respaldo de mayores precios y producción de cobre, aunque el alza de los precios del petróleo y el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales representan factores adversos”. Y advierte que una prolongación del conflicto en Asia Occidental “podría mantener los precios del petróleo en niveles elevados durante más tiempo y pesar considerablemente sobre el crecimiento a través de una menor renta disponible, perturbaciones a la producción y condiciones financieras más restrictivas”.

El FMI también analiza el impacto de la “megarreforma” económica y tributaria que impulsa el presidente José Antonio Kast y en estos días se encuentra en pleno trámite parlamentario. La iniciativa, llamada formalmente Plan de Reconstrucción Nacional y Desarrollo Económico y Social, está dirigida centralmente a reducir los tributos a las empresas, desregular la economía y contener el gasto fiscal, bajo el supuesto de que estas políticas impulsarán el crecimiento de la economía y con ello, el empleo.

La propuesta oficial ya ha recibido varias dudas y objeciones de varios sectores políticos, pero también del Consejo Fiscal Autónomo, organismo gubernamental de carácter independiente. La presidenta del CFA, Paula Benavides, realizó un informe en una audiencia de la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados y en su exposición cuestionó duramente los supuestos del gobierno.

En relación con el impacto del plan, el FMI elogia “el programa para facilitar la inversión privada y el empleo mediante la simplificación de trámites, la reducción de los costos laborales y la disminución escalonada del impuesto a la renta de las empresas” y afirma que “contribuye positivamente al crecimiento a mediano plazo”. Pero al mismo tiempo advierte que “recortes generalizados del gasto público destinados a compensar la pérdida de ingresos por reducciones tributarias podrían limitar el espacio para el gasto que favorece la productividad, como el cuidado infantil”. En un análisis político más general, plantea que “en un contexto de elevada desigualdad persistente, el descontento social también constituye un riesgo”.

La misión también señala entre líneas una clara advertencia: “En conjunto, aun considerando las posibles ganancias de crecimiento derivadas del plan, que podrían ser algo optimistas, se requerirán esfuerzos de consolidación fiscal adicionales para alcanzar las metas de déficit y deuda”.

Pese a las críticas y señalamientos, el gobierno ya ha manifestado su voluntad de ir a fondo con las medidas, incluso por decreto en el caso de que haya dificultades legislativas.