Las relaciones entre el presidente Gustavo Petro y el Congreso colombiano atraviesan una nueva etapa de tensión política en el cierre del actual periodo legislativo, marcada por acusaciones cruzadas, proyectos estancados y una creciente disputa institucional en medio del calendario electoral de 2026. El Gobierno busca acelerar la aprobación de varias de sus iniciativas más importantes antes del cierre de sesiones, mientras sectores del Legislativo defienden su autonomía y rechazan las presiones provenientes de la Casa de Nariño.

Uno de los principales focos del conflicto gira alrededor de la falta de avances de proyectos estratégicos para el Ejecutivo, entre ellos la reglamentación de la Jurisdicción Agraria, la reforma a la salud y la continuidad jurídica del Ministerio de Igualdad. Desde el oficialismo se sostiene que la ausencia reiterada de congresistas en varias sesiones ha impedido completar quórums y avanzar en las votaciones, razón por la cual el presidente pidió hacer públicas las inasistencias y planteó la posibilidad de remitir esos registros al Consejo de Estado para evaluar eventuales consecuencias disciplinarias o políticas.

La respuesta desde el Congreso, especialmente desde la presidencia del Senado encabezada por Lidio García, fue inmediata. García sostuvo que el Congreso es una rama autónoma del poder público y afirmó que el Ejecutivo no tiene competencia para fiscalizar la asistencia de los legisladores. En esa línea, insistió en que el control interno corresponde exclusivamente a cada cámara y rechazó la idea de que la Presidencia pueda impartir órdenes al Legislativo. El debate se desarrolla además en un contexto atravesado por la campaña presidencial y legislativa de 2026, la cercanía de las elecciones ha reducido la capacidad del Congreso para concentrarse en la agenda gubernamental, debido a que buena parte de los partidos y congresistas ya están volcados a las disputas electorales. Esta situación ha afectado particularmente iniciativas como la ley ordinaria de la Jurisdicción Agraria, que enfrenta dificultades para reunir mayorías y completar debates en la plenaria de la Cámara.

La Jurisdicción Agraria aparece como uno de los proyectos más sensibles para el Ejecutivo, debido a que es vista como una herramienta clave para implementar aspectos de la reforma rural y del acuerdo de paz. Sin embargo, el proyecto ha quedado atrapado en aplazamientos, ausencias y falta de quórum. Mientras el Gobierno denuncia un bloqueo institucional, sectores opositores y críticos consideran que el oficialismo no logró construir consensos suficientes para garantizar su aprobación.

En paralelo, la reforma a la salud continúa siendo otro de los puntos de mayor fricción. El presidente Petro ha acusado al Congreso de frenar la discusión, mientras desde el Legislativo se responde que los procedimientos deben ajustarse a las reglas parlamentarias y que las discusiones requieren tiempos propios. La controversia se suma a las dificultades del Gobierno para recuperar mayorías legislativas en el último tramo de su mandato.

Otro elemento central del escenario político es el impulso que Petro ha dado a la propuesta de convocar una Asamblea Nacional Constituyente. El mandatario ha planteado la posibilidad de promover esta iniciativa mediante recolección de firmas y ha defendido la idea argumentando que varias de sus reformas fueron bloqueadas por el Congreso. Esta postura ha generado divisiones dentro del sistema político y alimenta el clima de confrontación entre poderes públicos.