Desde la medianoche del 12 de mayo rigen en Ecuador los nuevos precios de los combustibles, que acumulan su tercer incremento mensual consecutivo bajo el sistema de bandas. La gasolina Extra y Ecopaís pasaron de 3,02 dólares a 3,16 por galón —su nivel más alto desde la eliminación del subsidio estatal en junio de 2024—, el diésel premium subió de 2,96 a 3,10 dólares, y la gasolina Súper quedó 4,81. El ajuste se produce en un contexto de escalada en los precios internacionales del crudo: durante abril el West Texas Intermediate registró un incremento cercano al 10% y superó los 100 dólares por barril, impulsado por la tensión geopolítica en Medio Oriente y el impacto del conflicto sobre el estrecho de Ormuz.

Los nuevos precios entraron en vigor en medio de un episodio de desabastecimiento que comenzó a afectar estaciones de servicio de Quito, Guayaquil, Cuenca e Ibarra desde el viernes 8 de mayo y se agravó el lunes 11, cuando se formaron largas filas y varias gasolineras cerraron sin combustible. La Refinería Esmeraldas, el principal complejo refinador del país, opera desde un incendio ocurrido el 1 de marzo apenas al 39% de su capacidad, lo que redujo la producción nacional de derivados en más del 60% y elevó la dependencia de importaciones al 65% de la demanda interna. A ello se sumaron los retrasos en la llegada de embarques desde el exterior, provocados por las disrupciones en el estrecho de Ormuz y las restricciones logísticas impuestas por el toque de queda vigente desde el 3 de mayo en nueve provincias, que limitaron la circulación de autotanques. Petroecuador anunció que la refinería retomará su plena capacidad operativa el 2 de junio.

El impacto acumulado del ajuste —que desde la introducción del mecanismo de bandas ha elevado el precio de la Extra en cerca de un 28%— generó una creciente presión sobre el sector del transporte. El Ministerio de Transporte y Obras Públicas instaló el 12 de mayo una primera mesa de diálogo con la Federación Nacional del Transporte Pesado, sin acuerdos concretos. Al día siguiente, el municipio de Quito convocó su propia instancia con los transportistas urbanos: el alcalde Pabel Muñoz descartó las propuestas de elevar el pasaje a 0,65 o 0,70 dólares por considerarlas inasumibles para la ciudadanía, aunque reconoció que los transportistas “tienen algo de razón” dado el encarecimiento del diésel.

Desde el sector productivo, el presidente de la Cámara de Industrias de Tungurahua advirtió que los costos logísticos han aumentado entre un 15% y un 20%, con riesgo de traslado al precio de la canasta básica. Los dirigentes del transporte interprovincial, por su parte, señalaron que el plazo de 60 días previsto para completar los estudios técnicos necesarios para definir nuevas tarifas es difícilmente compatible con el ritmo mensual de los incrementos y con las deudas pendientes de compensación estatal.