Evo Morales, ex presidente de Bolivia, decidió no presentarse ante la Fiscalía de Tarija, donde debía declarar sobre acusaciones de abuso de una menor durante su mandato. La citación se produce en el contexto de una investigación por “estupro, trata y tráfico de personas”, que Morales califica como un proceso ilegal y parte de una persecución política orquestada por el actual gobierno de Luis Arce. Su abogado, Nelson Cox, argumentó que la seguridad del ex mandatario está en riesgo y que la denuncia había sido archivada anteriormente.

El caso se remonta a 2015 y ha resurgido en un clima político tenso, con Morales enfrentando acusaciones que él considera motivadas por intereses políticos. En sus declaraciones, afirmó que el gobierno busca desestabilizar al Movimiento al Socialismo (MAS) y que estas acciones son una respuesta desesperada ante la crisis actual. Mientras tanto, la fiscal Sandra Gutiérrez ha reabierto la causa, lo que podría resultar en una orden de detención si Morales no se presenta a declarar.

Las bases de Morales han mostrado su apoyo incondicional y han amenazado con movilizaciones si se emite una orden de aprehensión. En el Chapare, su bastión político, los líderes cocaleros han declarado estado de alerta y están dispuestos a bloquear carreteras en defensa del ex mandatario. La situación se complica aún más con las advertencias del ministro de Justicia sobre posibles consecuencias legales de la incomparecencia de Morales, lo que podría intensificar el conflicto entre sus seguidores y el gobierno actual.